Vox ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento de Cantabria para que el Gobierno retire el lábaro de los edificios y actos públicos basándose en una reciente sentencia del Tribunal Supremo que fija como doctrina que «no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios y espacios públicos, aún cuando concurra con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas».
El Parlamento de Cantabria reconoció en la pasada legislatura el lábaro como símbolo identitario del pueblo cántabro y los valores que representa, a través de una proposición no de ley impulsada por el PRC de Revilla que contó con el apoyo de su socio de gobierno, el PSOE, y de Podemos, y el voto en contra del PP y Ciudadanos.
Cristóbal Palacio, portavoz de Vox en el Parlamento, exige al Ejecutivo que «retire de forma inmediata» del exterior de sus edificios y «especialmente» de la sede de Gobierno en Peña Herbosa, «el estandarte romano conocido como lábaro» ya que en su opinión «está incumpliendo la Ley y la sentencia del Supremo así lo señala».
El fallo del alto tribunal, que estima el recurso de casación de la Abogacía del Estado, se refiere a un acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de octubre de 2016 que reconoce la bandera nacional de Canarias -la bandera de las siete estrellas verdes– como uno de los símbolos del pueblo canario acordando su enarbolamiento en un lugar destacado de la sede central del Ayuntamiento.
El Supremo concluye que el acuerdo «contraviene el ordenamiento», ya que «no es la bandera oficial, por lo que no puede atribuírsele la representatividad del pueblo canario como defiende el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife».
Para Vox, la redacción de la sentencia es «clarísima» y determina que el lábaro «no puede ocupar un lugar junto a la bandera de España y la de Cantabria». «No tiene valor legal de ningún tipo por lo que el Gobierno debe eliminarlo de sus fachadas y de las posiciones prominentes en las que lo sitúa», señala Palacio en un comunicado de prensa.
Vox también reclama que el Gobierno «a través de su sistema de asesoría a los ayuntamientos, los advierta de que su exhibición incumple la Ley» para que también las instituciones locales «lo retiren cuanto antes».
Palacio afirma que ha sido el propio PRC el que «ha estado incentivando a los ayuntamientos y al resto de instituciones a la difusión de esta pseudo bandera y ahora la Justicia deja claro que no tiene valor legal de ningún tipo».
«Las banderas oficiales son las que son, y la proliferación subliminal de un símbolo partidista por parte del Gobierno no debe permitirse en ningún edificio público o lugar donde se celebren actos institucionales u oficiales», concluye el portavoz de Vox.