Tras el anuncio de la reanudación del servicio de la OLA en Santander, la coalición Unidas por Santander (UxS) pide al equipo de Gobierno que se plantee una modificación de la Ordenanza. La idea es que se permita distinguir calles de Santander entre limitación de aparcamiento para residentes y otras que tengan más frecuencias de uso del vehículo particular, es decir, para población externa al barrio.
“De esa forma, la OLA recuperaría su verdadero objetivo que es regular la movilidad en la ciudad y no exclusivamente un fin recaudador”, asegura el concejal de la coalición, Miguel Saro. “Se debería priorizar, en atención con los nuevos requisitos que la movilidad municipal va a tener de ahora en adelante, las zonas de OLA para población circulante”, es decir, aquellas que tengan una cantidad mayor de servicios que no puedan ser atendidos por otros tipos de movilidad.
Una situación diferente a la que debería aplicarse a los residentes en la ciudad, donde el verdadero problema es que no existe más alternativa que el estacionamiento en la calle, por el escaso número de plazas privadas disponibles para los vehículos particulares.
“Desde nuestro punto de vista, la ordenanza está infrautilizada y no podemos tener como único objetivo mantener el contrato, a través del cual se pagan unas cantidades al Ayuntamiento de Santander”, opina Saro, que llama a potenciar la forma de convivencia en la ciudad “que mida más la salud de los vecinos y una movilidad más sostenible que permita desplazarnos en un corto periodo de tiempo, sin perjudicar a los demás ni expropiar su espacio dentro de nuestra ciudad”.
Esta nueva movilidad debería priorizar al peatón y al uso de vehículos de transporte público y otros más sostenibles y seguros como bicicletas o patinetes. “Hay que tener en cuenta, no solo a los residentes de nuestra ciudad sino, también, las necesidades que tienen los visitantes”, añade el edil.
Por ello, la formación es consciente de que estas cuestiones deben hacerse coordinadamente con otro tipo de actuaciones como son la habilitación de aparcamientos disuasorios en la periferia de la zona urbana de Santander y la coordinación con todo el resto de municipios de la zona metropolitana de la capital.
Y, para esto, se debe contar con otras administraciones, no solo a otros ayuntamientos del entorno sino especialmente el Gobierno de Cantabria, el cual “está escuálido, en los huesos”, en materia de coordinación de transporte público.
“No existe un Consorcio autonómico de transportes ni existen medidas de coordinación adecuadas en las grandes zonas metropolitanas como son Torrelavega, Santander o Castro Urdiales, lo que deja a los ayuntamientos que hagan cada uno lo que consideren oportuno, sin tener en cuenta que la movilidad en nuestra comunidad es intermodal y está muy estrechamente vinculada entre los distintos municipios”, critica Saro.