El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, una proposición no de ley presentada por el PRC que, en línea con lo que pide la Federación de Municipios, insta al Gobierno de la Nación a autorizar a los ayuntamientos a reinvertir su superávit en actuaciones necesarias.
La iniciativa, apoyada por el PSOE -socio de gobierno del PRC-, y desde la oposición por el PP y Ciudadanos, pide que la utilización de dicho remanente quede «excluida de la realización de planes económicos financieros», y «no se considere como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida».
Igualmente, insta a todas las fuerzas con representación en las Cortes Generales a que realicen las modificaciones legislativas oportunas para autorizar a los municipios a modificar la cuantía de su techo de gasto en función de los ingresos reales que obtengan durante el año.
Vox ha votado en contra porque no es partidario de aumentar la capacidad de gasto de los ayuntamientos, que en su opinión, lo que deben hacer es «amortizar deuda y reducir los impuestos a las familias, declarando exentos la plusvalía y el impuesto de bienes inmuebles» (IBI).
Según los datos aportados por el PRC, los ayuntamientos cántabros tienen 450 millones de euros de remanentes de tesorería que no pueden gastar y los bancos les cobran un 0,35% por tener guardado ese dinero, lo que equivale a más de un millón de euros al año.
Desde el PSOE han destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a aprobar a corto plazo la normativa que permita a los ayuntamientos destinar su superávit a las necesidades de los vecinos. Y el PP y Cs consideran necesario modificar y flexibilizar el techo de gasto, pero en ningún caso derogarlo.
En el cierre del debate, el portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha confiado en que todos los grupos que han votado a favor de esta propuesta hagan lo mismo cuando se debata en las Cortes Generales.
DEVOLUCIÓN DEL IVA
En la misma sesión, la consejera de Economía y Hacienda, la socialista María Sánchez, ha reiterado, a preguntas de Ciudadanos, que el Gobierno de Cantabria continuará con la reclamación del pago de la última mensualidad del IVA de 2017, que «es lo justo para Cantabria».
Así, ha señalado que se está preparando un requerimiento formal y en caso de no ser atendido, el Gobierno de Cantabria acudirá a la vía judicial, con un recurso contencioso administrativo bien por inactividad o «para que directamente se nos compense económicamente por el perjuicio causado». Sánchez ha recalcado que recibir ese dinero cuando correspondía habría supuesto un 0,32% menos de déficit.
ESTUDIO DE LA LÍNEA DE AUTOBÚS CASTRO-LAREDO-SANTANDER
Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley que insta al Gobierno de Cantabria a realizar en el plazo máximo de cuatro meses un estudio de utilización de la línea de autobús entre Castro Urdiales, Laredo y Santander, con el objetivo de desarrollar una adaptación de las frecuencias, los tiempos de viaje y los itinerarios a las necesidades actuales de los usuarios.
La iniciativa original es de Vox, pero se ha modificado al consensuar con los grupos que apoyan al Gobierno, PRC y PSOE, una enmienda transaccional con el citado plazo de cuatro meses para realizar un estudio, frente a los tres meses para poner en marcha un plan de mejora que pedía Vox en su propuesta inicial.
Aunque ha aceptado la transaccional, el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, ha afirmado que «le preocupa que la forma de solucionar una exigencia ciudadana sea realizar un estudio«. Por su parte, el PP ha anunciado que presentará este mes una proposición no de ley para pedir un plan integral de movilidad para toda Cantabria.
CABÁRCENO
En el Pleno, el PP ha preguntado a la consejera de Educación, FP y Turismo, la regionalista Marina Lombó, sobre diversos asuntos de su competencia. Así, el diputado Roberto Media le ha cuestionado sobre las obras ejecutadas en 2018 por la sociedad pública Cantur, dependiente del Gobierno regional, para ampliar el acceso al Parque de la Naturaleza de Cabárceno junto al lago del Acebo, las cuales –ha denunciado– se realizaron sin que el Ayuntamiento de Penagos le concediera licencia.
La consejera ha negado este extremo y ha señalado que, cuando el Gobierno se dirigió al Ayuntamiento la pasada legislatura para trasladarle su intención de ejecutar en ese momento esta ampliación del acceso, el Consistorio aseguró al Ejecutivo que «no era necesario» otorgar licencia para esta actuación puesto que la actuación ya se encontraba incluida en el proyecto original de la telecabina de Cabárceno aunque no se hubiera llevado a cabo entonces.
En contra de la versión de la consejera, el diputado de PP ha asegurado que cuando el Gobierno se dirigió al Ayuntamiento en relación a la solicitud de licencia para esta obra, un técnico municipal emitió un informe, fechado el 5 de marzo de 2018, en el que mantenía que no era posible informar favorablemente de la misma por no disponer de la previa y expresa autorización de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (CROTU) y demás organismos con competencias sectoriales, algo, a su juicio, era necesario al tener que ejecutarse en suelo rústico de especial protección.
Pese a esta respuesta, Media ha señalado que, pese a este informe, el Ejecutivo adjudicó la obra, que tuvo un coste, según ha señalado Lombó de 32.000 euros. Media ha criticado que esa obra se pagara con el dinero público cuando, según lo firmado con la concesionaria de la telecabina, debía ser esta empresa la que costeara la actuación.
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN PIÉLAGOS
Por su parte, el diputado del PP Álvaro Aguirre ha interpelado a Lombó sobre las actuaciones previstas que tiene su departamento en infraestructuras educativas en Piélagos. Aguirre ha defendido la necesidad de un nuevo instituto de Secundaria en la zona norte del municipio y la implantación de una oferta de FP en Piélagos. También, le ha cuestionado sobre los planes de la Consejería sobre el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA).
Lombó ha explicado que la Consejería está analizando «municipio por municipio» las necesidades de las infraestructuras educativas de Cantabria pero desde una perspectiva global.
En cuanto a la FP, la consejera ha señalado que implantar esta oferta de FP en Piélagos «no es una prioridad» para el Gobierno en estos momentos ya que se encuentra a una distancia «limitada» de Santander y Torrelavega, donde se concentran la oferta de esta modalidad educativa.
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