La Asociación Memorialista Ranz Orosas (Amro) ha registrado un escrito ante la Delegación del Gobierno en Cantabria, solicitándole que elabore un catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura en la comunidad autónoma y, dentro de sus competencias, «adopte las medidas oportunas para su retirada» en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
El escrito dirigido a la Delegación del Gobierno en Cantabria es una de las 59 peticiones registradas por este colectivo este miércoles, 20 de noviembre, coincidiendo con el 44 aniversario de la muerte de Francisco Franco y los 60 años de la inhumación del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera, en la Basílica de Cuelgamuros como el cuerpo 001.
Estas peticiones de cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica han sido remitidas a delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, direcciones insulares y al Ministerio de Fomento.
En sus escritos, este colectivo señala que en municipios como Alcalá de Henares (Madrid), Hervás (Cáceres), Madrid, Málaga, Móstoles (Madrid), Salamanca, Soria, Torrejón de Ardoz (Madrid), Valdemoro (Madrid), o Zaragoza, aún hoy se puede observar placas del antiguo Instituto de la Vivienda, dedicadas a Falange Española, partido único del régimen franquista tras la Guerra civil.
Este colectivo afirma que esta simbología es visible «en todas las ciudades españolas», algo que –subraya– supone un «manifiesto incumplimiento» de la Ley de Memoria Histórica.
La asociación Amro reconoce en su escrito las muestras llevadas a cabo por el actual Gobierno de España (PSOE) que dan muestra de su «compromiso especial con la reparación de las víctimas del Franquismo, la Memoria Histórica en general, o el cumplimiento de la legalidad», con actos como, por ejemplo, la reciente exhumación del dictador Francisco Franco.
Por ello, y en aras del «compromiso humanitario» del actual Ejecutivo, este colectivo pide a la Delegación del Gobierno en Cantabria su implicación y colaboración en la elaboración del catálogo de vestigios franquistas de las calles de la comunidad «por una cuestión de dignidad española, y de legalidad, que logre la revocación fáctica de la inacción o incumplimiento de los municipios, que niegan sistemáticamente el cumplimiento de la legalidad, y del ejercicio humanitario».
Y al Ministerio de Fomento esta asociación le ha pedido que elabore un listado de las placas del antiguo Instituto de la Vivienda de las calles y adopte las medidas para su retirada.
«Son demasiados 60 años de simbología falangista y propaganda de partido único en nuestras calles, por ello, pedimos la colaboración a las subdelegaciones de gobierno y al Ministerio de Fomento, como titular de vivienda. Ya es hora de legalidad, democracia y retirada de simbología fascista», ha señalado esta asociación.
Imagen con una placa de la Calle Camilo Alonso Vega de Santander.