«No ha lugar la adopción de la medida cautelar solicitada por el Gobierno de Cantabria y a la que se han adherido el Ministerio Fiscal y la acusación particular , de prohibición de las empresas investigadas RUCECAN SL, CENTRO DE JARDINERÍA LA ENCINA SL, CANNOR OBRAS Y SERVICIOS SL, API MOVILIDAD SA E IMESAPI SA, de contratar en los expedientes de licitación púbica que se describen en el fundamento de derecho primero del presente auto», así lo publica en sus redes sociales Secundino-Vidal Celis González quien, en principio, se ha limitado a recortar la decisión jurídica y colgarla. Esta situación jurídica que se abre puede explicar que hasta que no haya una condena firme a las empresas o a los propietarios de estas empresas, van a poder seguir optando a los concursos públicos, según esta resolución de la Audiencia Provincial de Cantabria.
El Gobierno de Cantabria solicitó la prohibición de contratar obra pública con el Gobierno al considerar que no sería responsable contar con ellas a la hora de determinar la adjudicación de los expedientes en los que intervino el funcionario detenido, Jefe del Servicio de Carreteras del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Díez.