La plantilla del servicio municipal de Parques y Jardines se ha concentrado este martes en la plaza del Ayuntamiento para mostrar su «preocupación» por la posible adjudicación del contrato a la UTE IMESAPI-La Encina-Copsesa con una oferta que reduce los medios mecánicos actuales y además «no llega para hacer frente a los salarios» de los 199 empleados, mantener sus condiciones y derechos laborales y que el servicio se preste con la misma calidad.
Así lo ha señalado en declaraciones a la prensa el presidente del comité de empresa, Óscar González (USO), que ha denunciado «irregularidades» durante el proceso de adjudicación del contrato del servicio de Parques y Jardines, para el que la Mesa de Contratación ha propuesto a la UTE IMESAPI-La Encina-Copsesa, por un presupuesto de 7,71 millones y un plazo de cuatro años.
González, que ha recordado que la actual concesión finalizó el pasado mes de febrero, ha indicado que todo el proceso de elaboración del pliego y licitación del contrato «ha sido bastante raro» y «está en peligro la estabilidad laboral y la calidad del servicio» si finalmente se adjudica a la empresa propuesta.
Y es que, ha afirmado, el pliego contempla «la posibilidad de que haya una reducción de personal por causas tecnológicas» pero ha añadido que, sobre esta cuestión, el comité mantuvo una reunión con la alcaldesa, Gema Igual, y el concejal de Medio Ambiente, Ignacio Quirós, y «nos aseguraron que no se adjudicaría a ninguna empresa que no cumpliese unos mínimos y mantuviese la plantilla y los derechos laborales».
Tras ese encuentro, ha relatado que el proceso siguió adelante, porque «nosotros nos fiamos de su palabra», y todo se «enrevesó» cuando se analizaron las ofertas técnicas de las empresas que optaban al contrato. «Se vio que cinco de las seis empresas que se presentaron no cumplían los requisitos mínimos para garantizar el servicios», ha indicado.
Como ejemplo, ha detallado que, si actualmente el servicio está dotado de más de 60 máquinas cortacésped, pues esas cinco «ponían 20 o menos». De esa forma, en esa fase de valoración, «quedaron eliminadas cinco de las seis empresas», algo que «no le pareció bien al jefe de servicio» y se decidió pedir una evaluación a una consultoría externa.
Con la valoración realizada por esa empresa, al final pasaron cuatro empresas a la siguiente fase del proceso, la de valoración de las ofertas económicas y ahí es «donde se da el despiporre por parte del equipo de Gobierno (PP), que permite que pase la empresa con menos puntuación en la parte técnica haga una oferta de menos del doble de la anterior», con una cantidad que «no daría ni pagar las nóminas a día de hoy».
«¿Qué se piensan la alcaldesa y el concejal, qué va a venir el tío Floren (Florentino Pérez es el presidente del Grupo ACS al que al pertenece IMESAPI) a traer dinero a Santander?», se ha preguntado el sindicalista, que ha advertido que la UTE a la que se ha propuesto adjudicar el contrato «viene a la ciudad a ganar dinero» y, en base a las cifras de la oferta, «para ello es previsible que pueda haber una reducción de plantilla».
González ha lamentado que se haya hecho ya una propuesta de adjudicación a la UTE IMESAPI-La Encina-Copsesa cuando «aún ni se ha pedido, como es preceptivo, el Plan de Viabilidad». «No sé si nos están tomando el pelo, pero todos los trabajadores estamos unidos para defender nuestros derechos y la calidad del servicio, porque no queremos que pase como ya ha ocurrido en otros como el de basuras y limpieza viaria», ha apostillado.
Ante esta situación, el presidente del comité ha denunciado la «pasividad» del equipo de Gobierno, que «parece que nos está tomando el pelo». Por ello, ha destacado que la plantilla reclama que se vuelvan a valorar las ofertas de las empresas para que «la que sea nos asegure que mantendrá nuestros puestos de trabajo, va a hacer frente a nuestros salarios y respetará nuestros derechos laborales».
Según ha señalado, los salarios suponen 5,8 millones de euros «a día de hoy» de los 7,7 de la oferta de la UTE, pero el contrato no incluye revisión de precios y «los salarios han subido en los últimos cuatro años un 2%, casi un 85 en total que lo tiene que asumir la empresa». Además, del montante total, que supone una baja de 16,9% respecto al canon anterior que era superior a los nueve millones de euros, también hay que restar «700.000 euros que han comprometido con el equipo de Gobierno para destinar a inversiones».
«No da», ha apostillado González, que ha asegurado que, «mientras no se resuelva esta situación», la plantilla va a seguir movilizándose con concentraciones u otros actos porque, aunque han tenido varias reuniones con el equipo de Gobierno (PP), «parece que están más preocupados en echarnos la culpa que en solucionar la situación».
A la concentración se han sumado el portavoz municipal del PRC, José María Fuentes-Pila; el concejal del PSOE Daniel Fernández y el edil de IU, Miguel Saro, que han mostrado su apoyo a la plantilla y han avanzado que impulsarán medidas para que el PP aclare la situación del contrato, proteja a los trabajadores y la calidad del servicio.
«Tras constatar el proceso de demolición al que están siendo sometidos los servicios municipales y sus trabajadores, hoy estamos ante un pliego y un proceso que pone en riesgo el pago de la masa salarial y la calidad del servicio», ha enfatizado el regionalista, que ha anunciado que el PRC tomará medidas en comisión y en pleno para pedir aclaraciones y tomar decisiones.
Por su parte, Fernández ha señalado que el PSOE «estará vigilante de que los derechos de la plantilla se respeten» porque «la baja temeraria del 16%» con que se propone adjudicar el servicio no sólo puede suponer menos personal sino menor calidad». «No vamos a permitir que el PP siga devaluando y externalizando los servicios», ha añadido.
Mientras, Saro ha expresado la solidaridad de IU con los trabajadores porque «nos tememos que el equipo de Gobierno lo que está haciendo es apadrinar a las distintas empresas que quieren llevarse este jugoso contrato a costa de los derechos de los trabajadores, principalmente de su salario».
CONTRATO PENDIENTE DEL PLAN DE VIABILIDAD
Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado que el Ayuntamiento no firmará el contrato con la empresa propuesta para hacerse con el servicio de Parques y Jardines si no da todas las garantías en el Plan de Viabilidad Económica que aún tiene que presentar.
Así, a preguntas de la prensa sobre la concentración de los trabajadores, les ha pedido que «esperen a que haya ese Plan de Viabilidad Económica porque, si no hay todas las garantías, va a ser el Ayuntamiento el que no firmará el contrato».
Ha dicho que «entiende que estén preocupados por sus puestos de trabajo» pero «conocen de primera mano que los primeros que hemos velado porque los empleos se conserven y estén protegidos en el pliego ha sido el equipo de Gobierno».
No obstante, ha apuntado que, si el comité consideraba que «no estaban protegidos los derechos» en el pliego, podía haber alegado, pero no lo hizo y, por tanto, los pliegos «fueron validados, han salido a licitación, se han presentado empresas y la Mesa de Contratación ha señalado la que es más adecuada para quedarse con el contrato».
Pero, ha indicado, que la empresa propuesta, la UTE IMESAPI-La Encina-Copsesa, tiene aún que presentar las garantías de su oferta con un Plan de Viabilidad, que debe ser analizado por los servicios municipales para comprobar que «garantizan y respetan la oferta».
«Todavía no se ha firmado el contrato y, si se firma con esa empresa, es porque ha presentado un Plan de Viabilidad que contempla los sueldos de todos y cada uno de los trabajadores y sus condiciones», ha añadido.
Adjuntamos la puntuación económica en primer lugar y la puntuación final en segundo lugar.
