A primera hora de la mañana varios representantes de la plataforma Stop-Desahucios, uno de los miembros de la familia afectada –Juan Carlos – y responsables de la Oficina de Emergencia Habitacional se personaron en el juzgado nº 10 de Santander. Ayer por la tarde la abogada de la familia remitía un último recurso para parar el lanzamiento. Sin embargo, el juzgado hizo caso omiso. Este último recurso versaba sobre un informe de la oficina de emergencia habitacional donde se acreditaba que ésta última estaba intentando conseguir una vivienda de alquiler social para los afectados. Circunstancia que precisamente había sido manifestado en una providencia del juzgado en el día de ayer. De hecho, para probar que lo dicho en el recurso era cierto, se presentó en el mismo juzgado el responsable de la oficina de emergencia habitacional, Javier Ontañon, pero no fue suficiente. A pesar de todo ello, se mantuvo el lanzamiento previsto.
“A veces nos encontramos con funcionarios con poca sensibilidad, como el caso de la responsable de servicios sociales del ayuntamiento de Santander. Otras veces, sufrimos la literalidad de leyes que están hechas contra toda lógica. Y también hay jueces que toman decisiones que están sustentadas jurídicamente de forma intachable pero que rayan lo absurdo. Por ejemplo, en el presente caso nos encontramos que el recurso de reposición último se debía trasladar a la otra parte y que posteriormente se producirá la resolución judicial. El problema es que dicha decisión afectaba a la suspensión del lanzamiento y, por tanto, se podría producir una situación imposible: la suspensión del lanzamiento después de haberse producido el lanzamiento”, puntualiza Roberto Mazorra, activista de la plataforma.
Por suerte, al final hubo algo parecido a un final feliz, aunque una “felicidad por tiempo limitado”. Y al menos, la familia podrá tener más tiempo para poder conseguir una vivienda en esos 30 días. La negociación se sustanció entre miembros de la plataforma y el abogado y procuradora de la parte demandante, gracias al compromiso de la familia y de la plataforma para entregar “voluntariamente” las llaves antes del 29 de julio.
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