Las reclamaciones por daños de la fauna salvaje ascienden, en lo que va de año en Cantabria, a 1.356, de las que la gran mayoría, 1.057, se relacionan con el ganado, y que suponen más que los 997 expedientes de este tipo cursados a lo largo de todo el pasado ejercicio.
Estos y otros datos han sido facilitados este lunes por el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno regional, Guillermo Blanco, ante el Pleno del Parlamento, donde ha evidenciado que los perjuicios del lobo han ido en aumento, en paralelo a las reclamaciones.
En respuesta a preguntas del PP sobre este asunto, el dirigente regionalista ha achacado el incremento de las reclamaciones por daños al ganado a la extensión del pago de los mismos a todo el territorio regional, entre otras razones.
Y de los 1.057 expedientes abiertos a fecha del pasado 9 de octubre, ha indicado que 27 ya han sido abonados mientras que 264 están aprobados y pendientes de pago por parte de la compañía aseguradora.
Además, hay 659 en tramitación -a 9 de ellos se les ha requerido información complementaria- y 98 han sido desestimados, según ha detallado Blanco, que ha defendido que el pago de los daños «funciona razonablemente bien» en la región.
En este sentido, sobre el periodo de abono desde que se presenta la reclamación hasta que el afectado cobra, el dirigente regionalista ha indicado que oscila entre los 8 y 12 meses, siendo ese plazo inferior en el caso de los daños a la ganadería –8 meses de media, con un tiempo total de tramitación que varía entre 4 y 12– y mayor en el caso de la agricultura –14 de media, con una oscilación de entre 8 y 17 meses–.
El consejero, que ha reconocido que estos plazos son «superiores» a los que se venían registrando por las citadas circunstancias -aumento de los daños y extensión del pago a toda la Comunidad-, confía no obstante en que los mismos puedan acortarse y recuperar así el plazo medio de pago, que venía siendo de entre 3 y 6 meses hasta finales de 2018.
De todas formas, en relación con este asunto, el consejero ha manifestado que a los ganaderos no les importa tanto cobrar uno o dos meses antes, sino que lo que no quieren es que «los lobos sigan matando su ganado».
Sobre los daños en fincas, ha señalado que hay 279 expedientes abiertos a los que hay que añadir 15 más, en los que se ha solicitado información adicional al interesado. Y 42 ya han sido cerrados por la Consejería y enviados a las aseguradoras para su abono.
DESPOBLAMIENTO MEDIO RURAL
Por otro lado, el Pleno ha rechazado una iniciativa de Cs orientada a combatir el despoblamiento en los municipios cántabros y que, entre otras cosas, pedía incluir a un representante de cada grupo parlamentario en el correspondiente Consejo Asesor, propuesta que ha contado únicamente con el apoyo de los tres diputados naranjas, el ‘no’ del PRC y PSOE que sustentan al Gobierno regional y la abstención de PP y Vox.
Los dos parlamentarios de este último partido han adoptado esta postura después de que Ciudadanos haya rechazado la enmienda planteada a su proposición no de ley, enmienda con la que los integrantes del grupo mixto pedían a la Cámara que instara al Ejecutivo autonómico a presentar, en el plazo de seis meses, un anteproyecto de ley contra la despoblación con medidas concretas para «corregir, atajar y mitigar el mayor desafío» al que se tiene que enfrentar la región la próxima «década».
Así lo ha expresado Armando Blanco, de Vox, quien cree que en Cantabria «llegamos tarde» a la lucha contra este problema de la despoblación, al que se ha referido con expresiones como «suicidio demográfico» por el mayor número de defunciones que de nacimientos.
La diputada de Cs, Marta García, encargada de defender la iniciativa, también cree que no se ha hecho lo suficiente, por lo que ha pedido pasar del «palique» a la acción, para hacer «justicia» con el medio rural y que se mantenga «vivo».
Y es que, a su juicio, la Cantabria rural está «en peligro de extinción». En este sentido, ha indicado que 24 municipios de la región tienen una densidad de población inferior a los diez habitantes por kilómetro cuadrado, que se elevan a la treintena si se tiene en cuenta la ratio europeo para determinar este extremo.
«El medio rural se muere», ha advertido la diputada, después de recordar que antes los pueblos estaban «llenos de vida». Por eso, para frenar esa tendencia, ha pedido entre otras cosas garantizar la prestación de servicios públicos esenciales o reducir la brecha digital, para que no haya ciudadanos «de primera y de segunda».
El PP se ha abstenido porque, como ha explicado el diputado Pedro Gómez, están de acuerdo con las «ideas» o la «filosofía» de Cs, que en su opinión no ha presentado medidas concretas para solucionar el problema.
Al hilo, el ‘popular’ cree que el nuevo modelo de financiación autonómica, que la portavoz naranja ni siquiera ha «mencionado», es el «quid de la cuestión» en el despoblamiento rural, que también precisa de otras ayudas, para el fomento de la natalidad o la conciliación, ha citado a modo de ejemplo.
Los dos grupos que apoyan al Gobierno cántabro, PRC y PSOE, han rechazado la PNL de Cs al entender por un lado que el problema «no es nuevo» aunque sí se haya puesto ahora «de moda» la búsqueda de soluciones y, por otro, que ya se vienen realizando acciones.
La regionalista Ana Obregón ha reivindicado la red de carreteras ejecutada en la Comunidad, la modernización de infraestructuras o ayudas al sector primario y para fijar población en los pueblos.
Y el socialista Javier García Oliva también ha enumerado iniciativas puestas en marcha o previstas por el Gobierno, que es «bastante activo en este tema». Ha añadido para finalizar que se trata de un problema «complejo», que requiere soluciones que no son «sencillas», por lo que ha rechazado las medidas «parciales y simplistas» de Cs que «no aportan, francamente, nada».
CUBRIR LAS VACANTES DE LA GUARDIA CIVIL
Por otro lado, el Pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley de Vox que insta al Gobierno a realizar de forma urgente gestiones ante el Gobierno central para que la Guardia Civil en Cantabria tenga cubiertas todas las plazas previstas y vacantes en la actualidad, y que se adopten las medidas necesarias para dotar de medios personales suficientes a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.
La iniciativa se ha aprobado con una enmienda de modificación del PSOE que suaviza el texto inicial de Vox al suprimir la referencia a la «tendencia ascendente de inseguridad» que a juicio de esta formación se está registrando en Cantabria, «tanto por el desarrollo de nuevos nichos delictivos como por la profesionalidad de la delincuencia organizada».
Y es que Vox alude en su propuesta al aumento de la criminalidad en Cantabria en el primer semestre, según los datos del Ministerio de Interior. Al respecto, la diputada del PRC y alcaldesa de Polanco, Rosa Díez, ha defendido que Cantabria es una región «segura», a la vez que ha destacado la necesidad de subir la tasa de reposición del 110 al 120% y de evitar el cierre de cuarteles para que la Guardia Civil «esté en el mundo rural como parte de la lucha contra la despoblación».
Todos los grupos han aprovechado el debate sobre este tema para trasladar su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante la «difícil labor» que están llevando a cabo en Cataluña frente a los «radicales».
Imagen de archivo.