Marina de Santander mantiene una deuda con la Autoridad Portuaria de Santander (APS) por importe de 9.410.831 euros y el Gobierno de Cantabria de 1.437.563, ambas totalmente provisionadas, según indica el informe de auditoría 2018 del Puerto de Santander, publicado este jueves 6 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) junto con las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio.
La auditoría, que presenta una opinión «favorable» a la situación de la APS, precisa que, a 31 de diciembre de 2018, el mayor deudor del Puerto es Marina de Santander, declarado en concurso el 16 de mayo de 2018. El 29 de agosto de ese ejercicio, la APS remitió a la Agencia Tributaria la comunicación de modificación de base imponible por importe de 1.467.115 euros.
El segundo deudor más importante de la Autoridad Portuaria, el Gobierno de Cantabria, mantiene una deuda de 1.437.563 euros, como la anterior totalmente provisionada. De esta cantidad, 267.992 euros corresponden a la Unidad Gerencial de la Dirección General de Transportes, quien ha venido ingresando las liquidaciones del ejercicio, como hizo el año anterior, pero continúan pendientes las de años anteriores.
Por otra parte, se encuentra pendiente de disolución y liquidación definitiva la sociedad World Trade Center S.A. El coste de inversión efectuada en la entidad ascendió a 125.126 euros y la Autoridad Portuaria había procedido a contabilizar deterioro de dicho importe en los ejercicios precedentes.
Finalmente, la sociedad Puerto Seco de Santander-Ebro S.A. presenta un patrimonio neto negativo de 835.930 euros, encontrándose en las cuentas de la APS totalmente depreciado. La APS mantiene un préstamo que asciende a 369.481 euros, que anualmente continúa aumentado, en el ejercicio 2018, en 15.937 euros.
La auditoría indica que la Autoridad Portuaria de Santander tiene que elaborar un Informe de Gestión con las explicaciones que se consideren oportunas respecto de la situación y evolución de la entidad y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Asimismo, debe presentar, junto con las cuentas anuales, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asume como consecuencia de su pertenencia al sector público.