Los presos de la cárcel de El Dueso (en Santoña, Cantabria) podrán recibir clases para la obtener el carné de conducir (permisos B y A2) así como también participar en un curso de sensibilización y reeducación vial.
La iniciativa es fruto de un acuerdo entre la Confederación Nacional de Autoescuelas e Instituciones Penitenciarias y se enmarca dentro de la campaña de universalización de la educación vial en los centros penitenciarios.
El plan está orientado a la reinserción de los reclusos a través de la concienciación ciudadana, la formación vial y el estudio, según indican sus promotores.
Gracias a él, las autoescuelas adheridas a la CNE -unas 5.550 en toda España- que participan en la campaña impartirán enseñanza teórica y práctica para que los internos admitidos en el programa que cumplan condena en El Dueso puedan acceder a los permisos de conducir B y A2.
Además, los reclusos que ya posean el carné de conducir podrán participar en actividades de concienciación en materia de seguridad vial.
Las clases teóricas de los permisos tendrán lugar en El Dueso, mientras que la formación práctica correrá por cuenta del recluso, así como la tasa de examen.
En cuanto a la recuperación del carné, perdido por agotamiento de los puntos o por decisión judicial, también la abonará el interno. En este caso, se encargará el centro autorizado más próximo a la prisión, para lo cual un profesor se desplazará hasta la cárcel.
Durante su formación, los reclusos del programa también recibirán la visita de víctimas de accidentes de tráfico, cuyo testimonio tiene un fin de concienciación y formativo.
Este programa, que comenzó en 2010 y se interrumpió en 2017, cuenta con la colaboración de la Dirección General de Tráfico (DGT), la Fiscalía de Seguridad Vial, el Real Automóvil Club de España (RACE), y la Asociación Española de Centros Médicos-Psicotécnicos.
Gracias a él, más de un millar de condenados superaron la prueba entre 2010 y 2016, y 500 obtuvieron el permiso de conducir, según la Confederación Nacional de Autoescuelas, que indica que a 31 de abril había más de 1.200 personas privadas de libertad por delitos relacionados con la Seguridad del Tráfico, lo que supone el 2,3% del total de la población reclusa.