Las empresas del ocio nocturno de Cantabria han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la medida del Gobierno regional que decreta el cierre de estos establecimientos, dentro de las restricciones acordadas ante el aumento de contagios y brotes de coronavirus en la región y el conjunto del país, y solicitan además la suspensión cautelar de la medida para evitar «daños irreparables» al sector.
Este recurso se suma al ya presentado por la asociación que reúne a un centenar de empresas contra la decisión adoptada por el Ejecutivo en julio de limitar la apertura de estos negocios hasta las dos de la madrugada.
La agrupación indica que la resolución judicial sobre la petición de suspensión cautelar se conocerá «en los próximos días», y de ser favorable al gremio podría implicar que este próximo fin de semana los establecimientos abrieran en horario reducido, tal y como venían haciendo en las últimas semanas hasta la entrada en vigor, el lunes 17 de agosto, de la resolución de Sanidad del cierre de discotecas, salas de fiestas, pubs, bares especiales y whiskerías.
MEDIDAS GENERALISTAS ADOPTADAS A LA LIGERA
En el escrito de solicitud de medidas cautelares, el colectivo empresarial alega que el Gobierno cántabro «no ha justificado» que la medida de cierre sea «ni proporcionada, ni necesaria, ni la más idónea» a la situación actual de pandemia, así como tampoco «la menos perjudicial a los intereses tanto públicos como privados».
«Las medidas acordadas por el Gobierno de Cantabria no pueden ser adoptadas a la ligera ni de manera generalista y han de estar ampliamente justificadas mediante informes técnicos que aseguren que su adopción va a redundar en un control en la propagación del virus», esgrimen los empresarios de la noche.
Por contra, consideran en su escrito que «se está partiendo de un error» al, a su juicio, «hacer un totum revolutum y equiparar actividades privadas, no controladas, con actividades profesionalizadas en las que se garantiza la seguridad y protección tanto de clientes como de trabajadores».
Igualmente, creen que al adoptar la medida de cierre «se asimila la realidad de las empresas de ocio nocturno de Cantabria, de pequeño tamaño y fácil control con la actividad de macrodiscotecas inexistentes en la Comunidad, sometiendo a negocios de carácter familiar a medidas diseñadas para formatos orientados a eventos multitudinarios que en Cantabria no existen».
Además, a juicio del sector, las medidas adoptadas por la Consejería de Sanidad -consensuadas con el resto de comunidades autónomas y el Ministerio del ramo- se establecen de manera «indefinida, sin duración temporal, sin incluir los criterios que, en un futuro, puedan permitir su alzamiento, colocando a estos negocios en un limbo legislativo».
COMPETENCIA MUNICIPIOS
El escrito argumenta también que la Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria establece en su artículo 8 la competencia de los municipios para la concesión de licencias de apertura de este tipo de actividades.
Ello implica, según esgrimen, que la Comunidad Autónoma, «en principio, no podría entrar a acordar medidas preventivas como las impugnadas, salvo que existiese un riesgo inminente y extraordinario para la salud».
En opinión del sector del ocio nocturno, para ordenar el cierre de sus negocios, el Gobierno de Cantabria debería acreditar que los establecimientos afectados por la medida «son focos de contagio del virus antes de clausurarlos de manera definitiva»; que esas medidas van a «repercutir positivamente en el interés general con un claro descenso en la transmisión» del Covid-19; y que son las «idóneas en contenido y duración (en este caso, se han acordado de manera indefinida) a tal fin no existiendo otras que causaran menores perjuicios al sector».
De hecho, en el escrito presentado recuerdan que el pasado 27 de julio el presidente de la Asociación de Empresas de Ocio Nocturno, Ángel Suárez, se reunió con el jefe del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, a quienes propuso un «protocolo alternativo que, lejos de imponer medidas indiscriminadas, genéricas para cualquier tipo de negocio, recogía la implantación de algunas cuya efectividad está comprobada en Galicia». Las mismas pasan por implantar en los establecimientos sistemas de trazabilidad para la identificación «rápida y eficaz» de los contagios.
En concreto, las empresas propusieron a Rodríguez y Revilla la implantación de códigos QR en la entrada de los locales y la elaboración de un listado completo de las personas que acceden al interior y sus datos de contacto, generando así una «trazabilidad exacta» ante un posible contagio.
Pero lamentan que estas y otras medidas fueron «ignoradas» por el presidente y el consejero pese a que, como expresan en el escrito de medidas cautelares, «parece lógico que, antes de cerrar cientos de negocios, se debiera haber hecho un ejercicio de reflexión y agotar otras posibilidades que no agredan nuestro entramado empresarial y que está acreditado, funcionan».
SECTOR OCIO NOCTURNO: 275 EMPRESAS Y MÁS DE 7.000 EMPLEOS
El sector del ocio nocturno en Cantabria, conformado por 275 empresas de discotecas y salas de estas, productoras de festivales y eventos culturales, tablaos y restaurantes de espectáculo, verbenas y entidades festeras, supone el 1,6% del PIB regional y genera más de 2.200 empleos directos y 5.000 indirectos.
De esos estos últimos, un porcentaje «muy alto» son jóvenes menores de 30 años que compatibilizan trabajo y estudios universitarios o han terminado recientemente la carrera y encuentran en el sector una posibilidad de incorporación al mercado laboral.
Además, en torno a esta actividad giran otras muchas, como el de los proveedores (catering y bebidas), distribución, seguridad, iluminación, sonido, etcétera, que «proveen de muchos otros empleos a miles de familias enteras».
Pese a su importancia, el sector es «especialmente vulnerable» por las «fuertes inversiones» que conlleva, el «alto coste de levantar la persiana cada día» por sus «especiales» características, y por estar sujeto a una «mayor exposición» ante los ciclos económicos e «íntimamente relacionado» con el poder adquisitivo de los consumidores.
«Estamos ante un sector delicado al que cualquier medida a aplicar podría causar graves consecuencias económicas», concluyen.