La Rioja, Navarra, Cantabria y Extremadura son las comunidades autónomas que menos emisiones de CO2 han emitido en España desde 1990, según un informe del Observatorio de la Sostenibilidad y AIS Group publicado con motivo del V aniversario de la firma del Acuerdo del Clima de París, cuya efeméride se celebra este sábado.
Por el contrario, Cataluña y Andalucía son las comunidades autónomas que más han emitido en valores absolutos y entre las dos suman el 14 por ciento de todo lo emitido en España desde ese año.
El estudio, ‘Emisiones de CO2 por comunidades autónomas 1990-2019’, ha sido realizado de manera conjunta por las dos entidades y refleja las tendencias en emisiones durante estos años en las 17 comunidades autónomas.
En concreto, lideran el ranking de las más emisoras Andalucía y Cataluña son las primeras en la lista, seguidas por Castilla y León, que ha emitido en este periodo el 10 por ciento de todas las emisiones de CO2; Galicia (9%), Asturias (8%) y Comunidad Valenciana (7%).
Y las que menos han emitido son La Rioja, Navarra, Cantabria y Extremadura, aunque esta última ha sido, junto con Murcia y Navarra, la que más ha aumentado sus emisiones. Por el contrario, Asturias, Castilla y León, Galicia y Aragón son las que más han reducido sus emisiones.
«Las comunidades autónomas tienen una importante responsabilidad en las emisiones de su territorio tanto para desarrollar sus propios planes y políticas de reducción, como para desarrollar las renovables, incentivar el autoconsumo, así como para la compra pública desde la administración o aumentar las exigencias a empresas en contratos públicos», detallan ambas organizaciones.
Por otro lado, el informe señala que Asturias, Murcia y Galicia son las que más peso de emisiones de sectores fijos tienen coincidiendo con las grandes emisiones de las centrales térmicas y el polo industrial de Escombreras de Murcia. En el otro extremo de esta cuestión, se sitúan Madrid, Extremadura y La Rioja.
En relación con los mayores emisores per cápita, Asturias encabeza la lista, seguida de Aragón y Navarra, lo que coincide, para ambas organizaciones, con las centrales térmicas de carbón y la industria pesada en zonas poco pobladas. No obstante, en las emisiones difusas per cápita, ocurre lo contrario y es que se observa que los mayores valores se dan en comunidades extensas con población dispersa como Castilla y León, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha.
Respecto a las emisiones por unidad de Producto Interior Bruto (PIB), el estudio refleja que Asturias establece «un máximo absoluto muy destacado» al alcanzar un valor de 1,39 toneladas equivalentes de CO2 por cada 1.000 euros de PIB, debido al uso del carbón y a la especialización de la comunidad en la producción energética mientras que en el polo opuesto está Madrid con 0,11 toneladas equivalentes de CO2.
Por último, el informe indica que el pico de las emisiones se dio en 2007, año en el que liberaron a la atmósfera 354 millones de toneladas de CO2, y las primeras que tuvieron ese pico fueron Galicia, Navarra y Canarias en 2005, y las que más tarde disminuyeron ese pico fueron Murcia y Baleares. Por todo ello, las organizaciones consideran que en 2020 habrán caído las emisiones debido a la COVID-19 y pronostican que ese descenso puede ser «incluso con porcentajes mayores de un 7,6 por ciento», porcentaje necesario para llegar al 2050 con cero emisiones.
RECOMENDACIONES
Tanto el Observatorio de la Sostenibilidad como AIS Group inciden en que se debe establecer responsabilidades diferenciadas entre las comunidades autónomas para que puedan tomar decisiones según las necesidades de su propio territorio y así establecer aportaciones equivalentes en cuanto a su aportación al calentamiento de la tierra.
Además, piden poner en marcha una agenda propia hacia la descarbonización y aumentar la rendición de cuentas y la coherencia en las políticas y «por supuesto» evitar las subvenciones a los combustibles fósiles.
«Si las comunidades autónomas son responsables en gran parte de las políticas de adaptación y compensación deben asumir el liderazgo en la reducción de las emisiones y participar en la política energética y de transportes», subrayan.