La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha valorado que la Ley de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Cantabria (SEPEIS) “cumple con las expectativas y objetivos” que tenían los profesionales, los ayuntamientos y el propio Gobierno de Cantabria, y ha destacado la “garantía” que supone para la prestación coordinada del servicio y su gestión en la esfera de lo público, como “figura única de gestión”.
Así lo ha manifestado en su intervención para presentar la norma impulsada por su departamento y que ha sido aprobada por unanimidad en el Parlamento regional, cerrando así tres años de un arduo proceso administrativo, participativo y de consultas, que no se ha detenido durante la pandemia de la Covid-19. Los bomberos de Cantabria contarán así, por primera vez, con una normativa propia y específica que regula su sector y que homogeniza su funcionamiento y organización en toda la comunidad autónoma, en cuanto a sus condiciones laborales, categoría, formas de acceso, selección y formación. También se regula la segunda actividad, se eleva su categoría al grupo C1 de funcionarios y son considerados como agentes de la autoridad.
La ley introduce mecanismos que posibilitan la actuación conjunta y coordinada de los distintos cuerpos de bomberos existentes en la comunidad, así como con otros servicios de emergencias, quedando garantizada, al mismo tiempo, la autonomía y la capacidad autoorganizativa de los ayuntamientos. Fernández Viaña ha destacado los trabajos para “consensuar” la norma con todas las partes implicadas y responder así a las “muchas” de las demandas de los profesionales y de los ayuntamientos.
“En el momento actual que estamos viviendo, donde las emergencias nos demuestran la inmensa capacidad de alterar nuestra vida cotidiana, resulta necesario apostar por la cualificación y profesionalización de estos servicios”, ha subrayado la consejera de Presidencia en su intervención parlamentaria. En su discurso también se ha comprometido a iniciar, una vez aprobada la ley y en el seno en la Comisión de Coordinación creada, un proceso de diálogo para profundizar en las “principales” finalidades de la ley en materia de coordinación de los servicios, condiciones homogéneas y uniformes para toda la comunidad autónoma, junto a la “demandada” profesionalización y cualificación de los servicios de bomberos.
Valoración de los profesionales
Con motivo de la aprobación de la ley, los sindicatos CSIF y UGT han trasladado al Gobierno de Cantabria sendos escritos en los que han mostrado su agradecimiento por el proceso de participación y escucha en el proceso de elaboración de la norma y han valorado, especialmente, que se hayan recogido gran parte de sus demandas y reivindicaciones.
“Valoramos positivamente el trabajo realizado con base en el diálogo y la participación, que ha llevado a la presentación de una ley que aporta gran parte de las demandas sindicales y, en consecuencia, es conveniente para el colectivo”, recoge el escrito firmado por el responsable del departamento de bomberos de UGT, Borja González.
Por su parte, el sindicato CSIF, a través de su responsable de la sección de Bomberos, Guillermo Domínguez, ha señalado que la Consejería de Presidencia “ha ido dando traslado de los sucesivos borradores, informándonos de las justificaciones jurídicas de los diferentes cambios en la norma y de las modificaciones introducidas a petición de los ayuntamientos hasta llegar al texto definitivo. Además, se han tenido diferentes reuniones y conversaciones, donde se han intercambiado diferentes propuestas para intentar llegar al mayor consenso posible”. “La comunicación con la directora general de Interior, Jezabel Morán, ha sido muy buena y nos ha ayudado mucho”, ha subrayado Guillermo Domínguez.
Igualmente, ha expuesto que la elaboración de esta Ley responde “a una repetida reivindicación por parte del colectivo de bomberos tanto a nivel regional como nacional” (…), con el fin de “garantizar la prestación de este servicio público esencial a través de funcionarios públicos, con una preparación suficiente y con seguridad jurídica en sus actuaciones”. El texto final de la ley recoge “gran parte de nuestras reivindicaciones”, admite el CSIF, si bien ha lamentado que la norma carezca de aplicación directa y obligatoria en los ayuntamientos con servicios de bomberos. En este punto, UGT espera que la norma sea aplicada por las corporaciones locales para dar “mayor garantía y eficacia en la prestación y coordinación” de los distintos servicios.