La ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género cumple este sábado 15 años con varias asignaturas pendientes. Además, los 15 años desde su aprobación llegan en un contexto político en el que retumban las voces que niegan esta violencia específica contra las mujeres.
En lo que va de 2019, 55 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, de las cuales únicamente 11 (el 20%) había denunciado a su agresor. Las asesinadas por violencia de género contabilizadas por el Gobierno ascienden a 1.033 desde el 1 de enero del 2003 hasta la actualidad.
El décimo quinto aniversario de esta norma se produce con un repunte de asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o exparejas. Además, llega en un año en el que Vox –que defiende que la violencia es ‘intrafamiliar’ y no específica contra las mujeres– ha irrumpido con fuerza en las instituciones locales, autonómicas y con 52 escaños en el Congreso tras las elecciones del 10N.
La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, lamenta que transcurridos 15 años de la aprobación de la ley, «precisamente ahora» haya una fuerza política con un discurso negacionista. Tal y como ha recordado, el Tribunal Constitucional ratificó la constitucionalidad de esta ley, cuestionada por varios partidos políticos que entonces consideraron «discriminatoria».
Esa diferenciación rechazada por Vox también fue muy criticada en el pasado, cuando varios partidos cuestionaron el incremento de las penas en el caso de lesiones, malos tratos, amenazas y coacciones leves cuando son los hombres los que lo perpetran contra mujeres con las que tienen o tuvieron una relación sentimental. Superada la polémica, en 2017 se aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, si bien las voces contrarias han cogido fuerza durante los dos últimos años.
«Los discursos negacionistas refuerzan la posición e impunidad de los maltratadores y añaden vulnerabilidad a las víctimas», ha apostillado Yolanda Besteiro, que ha destacado que esta norma «ha sido reconocida y premiada internacionalmente por ser el instrumento más eficaz en la lucha contra la violencia de género».
La Ley de 2004 supuso la adopción de medidas para combatir y visibilizar el maltrato que las mujeres sufrían en el hogar, en el marco de la intimidad de las parejas. Además de poner el foco en el castigo del matratador, la ley otorgaba a las víctimas recursos de ayuda y defensa, como órdenes de alejamiento a casas de acogida.
La portavoz de la Asociación de Mujeres Juezas, Lucía Avilés, ha hecho hincapié en la «valentía y esfuerzo» del legislador, que dio «un paso al frente llamando a las cosas por su nombre» y sacando la violencia de género del ámbito privado.
A su juicio, pasados 15 años desde su aprobación, la ley «tiene el gran reto de adaptarse a la nueva realidad social y jurídica». Entre otras cosas, la norma solo recoge una parte de la violencia de género –la que sufren las mujeres por parte de sus parejas o exparejas– y no el resto de feminicidios. «Es contrario al ordenamiento internacional. Hay que ampliar el concepto«, ha incidido.
En esta misma línea se ha pronunciado la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángeles Jaime de Pablo, quien ha reivindicado la ampliación de ese concepto para incluir recursos de protección a todos los tipos de violencia machista, como la sexual.
«HITO» Y «REFERENTE MUNDIAL»
Desde el Gobierno han destacado que la ley «marcó un hito y convirtió a España en un referente mundial en la conquista de la igualdad y en la lucha contra la violencia de género». Así lo ha expuesto la vicepresidenta y ministra de Igualdad en funciones, Carmen Calvo, quien ha presentado en Consejo de Ministros un balance de la norma.
En su análisis ha reivindicado la «eficacia» de la norma, aunque ha apuntado que los retos de futuro están marcados por la implementación total de la norma, el cumplimiento de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el Convenio de Estambul.
Por su parte, para Lucía Avilés, la ley «tal y como está es un gran instrumento«, si bien considera que tiene que implementarse el aumento de recursos, las Unidades de Valoración Forense, la «uniformidad» en la protección de las víctimas, así como en los recursos y medios de todos los juzgados con competencias en la materia.
Por su parte, Jaime de Pablo cree que en el ámbito educativo se ha producido «fracaso», en términos de aplicación de esta norma, Existe «deficiencia en la prevención» de la violencia contra las mujeres, algo que apenas se aborda en el sistema educativo, con lo que los niños aprenden a través del porno, donde se «naturaliza» la violencia y agresiones.
Además de la educación en igualdad y afectivo-sexual de los niños y adolescentes, existen otras tareas pendientes en esta lucha, como la formación en perspectiva de género de los operadores jurídicos o la mejora de la protección de las víctimas.
Así lo expresaron varios expertos en la materia durante su participación en la mesa redonda organizada por el Gobierno para celebrar los 15 años esta ley. En esa ocasión, la fiscal de Sala Delegada contra la Violencia de contra la Mujer, Pilar Martín Nájera, reclamó la supresión de la dispensa de la obligación de declarar para las víctimas de violencia de género que provoca «impunidad».
Asimismo, Nájera pidió reflexionar sobre el «reducido» número de órdenes de protección y modificar los criterios para adoptarlas, al tiempo que criticó la «falta de apoyo y asesoramiento» a víctimas.
Por su parte, el exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, lamentó que «la derecha» y «el machismo» use el argumento de que la ley «no funciona» como «elemento para generar discrepancia». «Tenemos una ley feminista, pero un reglamento machista», dijo, para después insistir en que la implantación de la ley se mide bajo parámetros «machistas».