El diputado nacional del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, ha señalado que la Ley Celaá genera «un conflicto innecesario con la enmienda de la lengua», «un paso más hacia la independencia», y «se está haciendo creando un rechazo y en algunos casos un odio hacia lo español que es un precio que nadie de buena fe estaría dispuesto a pagar. Para que los derechos establecidos en la Constitución sean efectivos deben desarrollarse en las leyes», ha afirmado.
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el dictamen de la Comisión de Educación y FP sobre la LOMLOE, la reforma educativa también conocida como ‘Ley Celaá’, con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País.
El texto ha salido adelante con 177 ‘síes’, mayoría absoluta de la Cámara, una mayoría que necesitaba alcanzar para salir adelante, ya que se trata de una modificación de una ley orgánica, frente a los 148 ‘noes’ de PP, Cs y Vox, CC, la CUP, el PCR y UPN. Por tanto, la iniciativa será remitida al Senado para continuar con el trámite parlamentario.
El dictamen que se ha aprobado recoge algunas de las enmiendas aprobadas en las últimas semanas y que han generado fuertes críticas entre la oposición, como es el caso de la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en la enseñanza, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares. Ante esto, PP, Cs y Vox ya han anunciado que llevarán esta Ley al Tribunal Constitucional (TC).
El texto también incluye otros cambios como el aumento de plazas públicas en la educación de 0 a 3 años; la oferta «suficiente» de plazas públicas; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la «excepcionalidad» de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.