El fiscal ha rebajado las penas de prisión que pide para los dos acusados de participar en la muerte de un anciano en su garaje de Santander hasta los 25 y 21 años, frente a los 35 que solicitaba inicialmente, también para el tercer procesado y que ahora solo se enfrenta a 7 años de cárcel por robo.
El representante del Ministerio Público mantiene que lo ocurrido en febrero de 2017 fue un asesinato, pero ha reconsiderado que hubo un único delito de robo con violencia, en concurso medial con otro de detención ilegal, ya que los procesados atacaron al hombre, de 81 años, como paso previo para ir a por dinero al domicilio, donde estaba su mujer y a la que también ataron y amordazaron, causándole a él fallecimiento por asfixia y lesiones leves a ella.
Así lo ha expuesto este viernes en el juicio con jurado popular que se ha celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Cantabria, sesión en la que la acusación particular -ejercida por la viuda- se ha adherido al relato y peticiones de la Fiscalía, que ha aplicado la atenuante por drogadicción en uno de los implicados pero también agravantes por abuso de superioridad y uso de disfraz, al ir con ropa de abrigo y rostros tapados que dificulta la identificación.
Por su parte, las defensas de Paulino G.L., de su hermano Ricardo –ambos de País Vasco y que han reconocido en el juicio su participación en los hechos– y de Carlos C.S., amigo del primero y vecino de la capital cántabra que les llevó en coche a los lugares donde se produjeron, entienden en cambio que lo sucedido fue un homicidio y robo con violencia e intimidación.
Y en consecuencia piden 19 años y cinco meses para el primer encausado y trece y medio para el segundo, mientras que el letrado del tercero interesa que a su cliente se le condenen solo por complicidad en el robo, más después de que los dos anteriores hayan negado tanto su participación como conocimiento de los hechos.
«EN NINGÚN MOMENTO FUIMOS A MATAR A ESE SEÑOR»
En la vista, pendiente de la deliberación -el lunes- de los miembros del jurado para que emitan su veredicto, han ejercicio el derecho a la última palabra los hermanos.
Al igual que en el interrogatorio, Paulino ha negado la intencionalidad de acabar con la vida del octogenario: «En ningún momento fuimos a matar a ese señor«, ha reiterado, antes de mostrarse muy «impresionado» por lo que ha «visto» durante la práctica de la prueba, en referencia a las imágenes que mostraron en la pericial las forenses encargadas del levantamiento del cadáver y de la autopsia.
Han sido igualmente «detalles increíbles» para Ricardo, que si bien negó su implicación en la muerte del hombre después admitió, en una segunda e inédita declaración a petición de su abogado, que sí había participado junto a su hermano. Y tras volver a expresar que siente «muchísimo» lo que pasó, ha manifestado: «Yo no vine aquí a matar a nadie».
«Simplemente yo estaba drogado. No sabía muy bien lo que hacía», ha agregado, antes de aseverar que fue él quien pidió a su hermano que solicitara auxilio para las víctimas, extremo que Paulino materializó al día siguiente de los hechos desde una cabina de teléfono de Vitoria, a unos 2 kilómetros de su domicilio.
Y esa llamada, difundida en medios de comunicación, desembocó en la identificación y detención escalonada de los tres acusados, en prisión provisional desde que fueron arrestados.
ASESINATO U HOMICIDIO Y PARTICIPACIÓN DEL TERCER ACUSADO
Tras las modificaciones de las conclusiones y penas, en el alegato final de las partes, el fiscal -que interesa una indemnización de 80.000 euros para la viuda- ha destacado que a lo largo del proceso y hasta el juicio los encausados han pasado de no admitir los hechos a reconocerlos, pero «de aquella forma».
Ha expuesto los que en su opinión han quedado probados, como que el anciano murió en su garaje, en la calle Beato de Liébana, en «muy breve espacio de tiempo» –entre las 11.00 y 12.30 horas del 4 de febrero, mientras que los implicados salieron del local a las 12.08 horas– o que los procesados «no llamaron a nadie hasta el día siguiente».
Tras esto, el representante del Ministerio ha advertido a los miembros del jurado que fundamentalmente deberán deliberar sobre si Paulino y Ricardo mataron al octogenario y acerca de la participación de Juan Carlos en lo que sucedió.
Para la acusación pública, se trata de un asesinato porque concurre al menos una de las cuatro circunstancias para que no sea homicidio, y es que un delito sirve para la comisión de otro: en este caso, atacar y quitar las llaves para robar después en casa.
Pero además, cree que hicieron «todo lo necesario» para que muriera, como atarle manos y pies y a una columna, colocarle boca abajo, meterle un trapo hasta «el fondo» de la boca, que al igual que la nariz taparon con cinta adhesiva transparente y una bufanda, cubriendo también la cabeza con la cinta.
«Con la mitad, le hubieran matado», ha argumentado el fiscal, que cree que el hombre, que era una persona «menuda», falleció «posiblemente» cuando los autores todavía estaban en el lugar.
Ha insistido en que lo hicieron «voluntaria y conscientemente«, y ha considerado que la llamada del día después fue por «remordimiento de conciencia», pero no para «salvarle la vida». «El arrepentimiento posterior no impide el delito», ha evidenciado.
En cuanto a la participación de Juan Carlos en el robo, en el domicilio ubicado en el Alcázar de Toledo, para la Fiscalía no fue «un simple cómplice», como se desprende de su confesión de que aunque no conocía sus planes se dio cuenta de lo que estaban haciendo y les «siguió ayudando».
A ojos del fiscal, «sabía desde el principio a lo que iba», como se desprende de que estuviera varias horas «a disposición» de los hermanos, a los que llevó en coche a los lugares de los hechos, primero para vigilar y al día siguiente para actuar: «cumple su función conduciendo».
En este sentido, ha razonado que al vivir en la zona no podía «dar la cara» pues le podían ver y reconocer, por lo que tenían que «dar el palo los de fuera», Paulino y Ricardo, residentes en Bilbao y Vitoria. Además, cree que «se comunicaba en todo momento» con los otros dos.
En similares términos, la acusación particular ha esgrimido que no «mataron sin querer» al anciano, sino que lo hicieron «sabiendo que le estaban matando» pues era algo «inevitable» una vez que le taparon «sin dejar ningún orificio» para respirar. «No tenía ninguna posibilidad de sobrevivir a ese ensañamiento que tuvieron con él».
Con todo, este abogado considera que aunque la «intención inicial» era solo robar, «la intención final fue matar, sin ninguna duda«. También ve detención ilegal porque a la mujer la dejaron «bien atada» en casa -y no «someramente» como sostienen las defensas- y con la puerta cerrada. Además, no se cree la versión de que «el chófer no se entera de nada», sino que tuvo una «participación directa» en el delito y «sabía que se iba a robar».
Finalmente, las defensas de los hermanos entienden que fue un homicidio porque no tenían «intención de matar a nadie» y ataron al hombre pensando que estaba «vivo», pues estaba «respirando» cuando se fueron. A sus ojos, la colocación de una toalla bajo la cabeza fue «un rasgo humanitario», no para que «quedase bonito». Rechazan que fueran ‘disfrazados’ «a propósito», pues hacía frío, y no ven detención ilegal de la mujer, a la que privan de libertad el tiempo «mínimo e indispensable» para el robo.
El letrado del tercero ha pedido al jurado que no crea al fiscal y acusación como si fuera «palabra de Dios» pues han rebajado de 35 a 7 años la cárcel solicitada, y ha cuestionado que esta pena sea dos años superior a la interesada por el mismo delito a los hermanos.