El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 7 de diciembre el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución que el Congreso de los Diputados ha elevado al Gobierno para eliminar los términos ‘disminuido’ y ‘minusválido’ y sustituirlos por ‘personas con discapacidad’ y añadir la protección y promoción de los derechos de este colectivo.
Así lo ha anunciado la portavoz y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha indicado que ha explicado que el texto obedece a la propuesta aprobada en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso de los Diputados, que ha contado, además, con la participación del Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Esta orgaización aplaude la propuesta de reforma, que ahora pasa al Consejo de Estado, porque inscribe a las personas con discapacidad en un «efoque exigente de derechos y trasciede con mucho el mero cambio terminológico» y cree que es un «muy buen punto de partida, globalmente positivo», aunque advierte de que en el proceso que ahora comienza queda recorrido de mejora, con matizaciones y ampliaciones de redacción.
Asimismo, espera que esta iniciativa, en los trámites que quedan, siga contando con un «amplio respaldo político y social» y pueda verse culminada, siendo la «avanzadilla de la necesaria y más profunda reforma social que necesita la Constitución», 40 años después de su aprobación.
COMO QUEDARÍA EL ARTÍCULO 49
El artículo 49 de la Constitución quedaría redactado de la siguiente forma si pasa todos los trámites:
«1) Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.
2) Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar una vida participativa, autónoma e independiente a las personas con discapacidad.
3) Se regulará la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.
4) Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos».
Los cuatro puntos acordados sustituirán, previsiblemente, al actual texto que recoge que «los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos».
Fue el pasado mes de octubre la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pidió al órgano del Congreso una nueva redacción de este artículo. Desde entonces, la comisión ha escuchado en comparecencia en la Cámara a asociaciones y organizaciones de discapacidad y expertos en derecho constitucional, para poder elaborar el nuevo texto.
Tras dos sesiones de trabajo, todos los grupos parlamentarios han llegado a un acuerdo que se materializa en este anteproyecto legislativo.