La Audiencia Provincial de Cantabria celebrará este martes, 4 de diciembre, el juicio contra un acusado de defraudar casi 331.000 euros a la Seguridad Social por no pagar las cotizaciones correspondientes.
La sesión tendrá lugar a partir de las 9.30 horas en la Sección Primera de la AP contra este procesado, gerente y administrador único de una empresa, informa el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
Según el escrito del fiscal, el acusado, «de forma sistemática y deliberada», dejó de pagar 161.275 euros en 2013 y 169.719 euros en 2014.
Por ello, le considera autor de dos delitos de defraudación a la Seguridad Social y solicita una condena, por cada delito, de dos años de cárcel y multa de 661.990 euros, y que no pueda obtener subvenciones o ayudas públicas ni gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro ejercicios.
Junto a ello, el ministerio público también pide que la empresa sea condenada a una multa, por cada uno de los dos delitos, de 330.995 euros, además de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cinco años.
En concepto de responsabilidad civil, el fiscal solicita una indemnización a la Tesorería General de la Seguridad Social de 330.995 euros que deben pagar solidariamente el acusado y su empresa.
La propia Tesorería ejerce acusación particular al entender que la empresa del acusado, que fue inscrita en la Seguridad Social en septiembre de 1997, «ha incumplido sus obligaciones en materia de cotización prácticamente desde su alta inicial, en concreto desde septiembre de 1998, lo que dio lugar a reiteradas actuaciones de la Inspección de Trabajo».
Según su escrito, el acusado ha mantenido de alta a 21 trabajadores en 2013 y a 24 en 2014.
En estos ejercicios, «de manera consciente y voluntaria» el acusado «con un ánimo manifiestamente defraudatorio» en connivencia con terceros -empresas que eran titularidad de los mismos socios y otras personas físicas- eludió el pago de todas las cuotas de Seguridad Social -tanto la empresarial como la obrera.
Por ello, la acusación particular le considera autor de un delito contra la Seguridad Social y pide una condena de tres años de cárcel, la pérdida de beneficios fiscales y subvenciones durante cuatro años y una multa de 992.985 euros, la misma cuantía de la multa que también pide que sea impuesta a la empresa del acusado.
Ambos -el acusado y la empresa- deben indemnizar a la Tesorería, a juicio de la acusación particular, en 330.995 euros.