Unos 80 altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy, entre ellos el exsecretario de Estado de Cultura y de Sociedad de la Información y Agenda Digital José María Lassalle y el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, también exalcalde de Santander, han pasado a trabajar al sector privado desde el cambio de Gobierno que se produjo con la moción de censura de junio de 2018 hasta ahora.
Todos ellos han dado el salto a la empresa privada con autorización de la Oficina de Conflicto de Intereses, que vigila el paso del sector público al privado durante los dos años siguientes a dejar estos cargos.
El Portal de Transparencia ha actualizado esta semana toda esta información relativa a los altos cargos de la Administración del Estado, datos desde 2013 de los miembros del Gobierno y de otros órganos del Estado que tras su cese han pedido pasar a empresas privadas.
La Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que entró en vigor a finales de marzo de 2015, impide a estos directivos durante los dos años siguientes a dejar el puesto «prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado».
Para vigilar que esto se cumple, quienes quieran dar el paso deben pedir permiso a la Oficina de Conflicto de Intereses, que revisa cada caso y da o no su autorización. La mayoría de las respuestas son favorables y apenas se rechaza un 2% de media, según los últimos datos facilitados al Congreso por el Gobierno el año pasado.
La moción de censura provocó la salida del Gobierno del PP y de muchos altos cargos que fueron sustituidos por la llegada de los dirigentes del PSOE.
Unos 80 de ellos pidieron y obtuvieron permiso para un cambio al sector privado, entre los que se encuentran casos ya conocidos como el de la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que fichó por el bufete de abogados Cuatrecases.
Desde la convocatoria de las elecciones de abril, sólo hay siete altos cargos cesados y que han presentado una solicitud a la Oficina de Intereses.
Los tres últimos son Miguel Marín, expresidente del Puerto de Melilla, que ha recibido autorización para llevar su propio despacho de abogados; Marcos Peña Pinto, expresidente del Consejo Económico y Social, que ha entrado en el consejo de administración de la farmacéutica Rovi, y José Luis Urcelay, segundo Jefe del Estado Mayor de la Defensa, autorizado para prestar servicios de asesoría en Abengoa, Everis Aeroespacial y Oesia.
Otros tres de ellos comunicaron su paso a puestos del PSOE al cesar, al mismo tiempo que se presentaban a las elecciones autonómicas o generales y consiguieron sus escaños: Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Pablo Zuloaga y Virginia Barcones, exdelegados del Gobierno en Andalucía, Cantabria y Castilla y León, respectivamente.
Además, Isaura Leal planteó su ingreso desde el Comisionado contra el reto demográfico a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y es hoy diputada en el Congreso.
SANTAMARÍA, MORENÉS O LASALLE
Sin embargo, en la información publicada aparecen también autorizaciones concedidas últimamente por la Oficina de Conflictos a altos cargos que fueron cesados mucho antes. Por ejemplo, la propia Sáenz de Santamaría, que ha entrado en el consejo asesor de la asociación ‘Women in a legal world’.
La última autorización concedida es para Cristina Ysasi-Ysasmendi, que fue directora adjunta del gabinete de Mariano Rajoy en Presidencia del Gobierno y ahora es directora senior en Llorente y Cuenca. Se trata de la misma empresa de consultoría por la que también fichó su jefe en Moncloa, el director de gabinete de Rajoy José Luis Ayllón, así como el ex ministro de Economía Román Escolano.
También aparece en la información publicada por Transparencia otro exministro de Rajoy, Pedro Morenés, que dejó Defensa en 2016 pero que hasta el año pasado tenía aún que comunicar sus movimientos en la empresa privada. Figuran dos autorizaciones concedidas en septiembre y julio de 2019 para presidir el consejo de administración de Amper Ingenio, dedicada al sector de datos en las redes de energía eléctrica, y el consejo asesor de la consultora Talengo.
Aparecen además otros altos cargos como la directora de gabinete de Sáenz de Santamaría en Vicepresidencia, María González Pico, quien en septiembre ha recibido permiso para ofrecer ‘asesoría estratégica en temas de comunicación’ por cuenta propia. En 2018 fue autorizada a trabajar en ‘Tinkle Communications’.
Destaca el caso del santanderino José María Lasalle, exsecretario de Estado para la Sociedad de la Información y antes de Cultura, que ha obtenido cinco permisos entre agosto y octubre para distintos trabajos: asesorar a la empresa ‘Y Kratos 3000’, colaborar con la consultora Ideograma, dirigir el Foro sobre humanismo tecnológico de Esade, colaborar en prensa y dar clases universitarias.
Por su parte, Íñigo de la Serna, ministro de Fomento del Gobierno Rajoy y exalcalde de Santander, ha recibido cuatro permisos entre octubre de 2018 y marzo de 2019 para trabajos en el Consejo Asesor de NEC Ibérica; en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Amrop Seelinger Conde y también como autónomo en el sector de actividades de consultoria de gestión empresarial (CNAE 7022).
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