La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha calificado el 2020 como «otro año perdido» en lo institucional, en la resolución de problemas» y «cruel con cientos de familias afectadas» por las sentencias de derribo.
«Un año muy duro, cruel e injusto», asegura la asociación en un comunicado en el que hace balance del 2020 y lamenta que el Gobierno de Cantabria ha tratado a los afectados «con un desprecio indigno».
Según AMA, los antiguos gestores «han mirado para otra parte, como el presidente», Miguel Ángel Revilla, de quien ha destacado «su falta de empatía, su falta de soluciones» que «ha amargado la vida a tantas familias». «Sin duda, el mayor error en todos sus mandatos», critica.
También se ha referido al consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, que según el colectivo «sigue sin asumir que son ellos y la institución que representan los culpables», y «cientos de familias las víctimas».
Y es que según AMA, «nadie en el Gobierno de Cantabria ocupando su cargo había tenido tan poca sensibilidad» con este asunto. «El año acaba, ni PGOU aprobados como se prometió, ni soluciones efectivas, y por si fuera poco, nuevos autos de derribo y una interpretación de los onvenios firmados en 2015 entre afectados y Gobierno de forma unilateral por parte del Ejecutivo», manifiesta.
Además, dice que el Gobierno tiene ahora «el 80% de responsabilidad», y «si no le damos el 100% es porque consideramos que en Arnuero, fruto de un largo trabajo de todos, hay una vía de solución», explica.
AMA insiste en que los autos de derribo que llegan a las familias «amargan más en un año tan duro» como este 2020 marcado por la pandemia del coronavirus, «fruto de la falta de actuación, de la falta de gestión, de la falta de voluntad política».
Por ello, espera tener «pronto» una solución y recuerda que «la gran mayoría de las viviendas están construidas en suelo urbano consolidado, donde se pueden volver a construir las mismas e incluso». «Y para solucionar esto llevamos décadas gastando esos recursos tan necesarios de todos los ciudadanos de Cantabria», apostilla.
Así, avanza que si en los primeros meses de próximo año no se aprueban los Planes Generales de Ordenación Urbana y se llevan a los jueces para cumplir la legalidad y saber si hay que ofrecer viviendas de sustitución o una indemnización, pedirá la dimisión de Gochicoa y de Revilla.
Por último, reclama que se cumplan las resoluciones del Parlamento de Cantabria, donde «todos los grupos han apoyado» a los afectados pero «a la hora de la verdad parecen papel mojado».
La asociación considera que «después de tantos años» ha tenido «innumerables éxitos» con la aprobación de leyes que reconocen derechos. «Eso si, en toda España menos lamentablemente en Cantabria», lamenta.