El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, José Luis Gochicoa, ha defendido el Plan de Derribos elaborado por el Gobierno regional para afrontar el problema de las viviendas sobre las que pesa sentencia firme de demolición. Cree que es un documento «realista», al igual que el anexo económico de 23 millones de euros que lo acompaña que ha considerado «factible» porque coincide con el montante previsto en el fondo habilitado a tal fin, según las disponibilidades presupuestarias.
Por eso, el responsable del departamento –que ha detallado que prácticamente la mitad de ese dinero a financiar entre el Ejecutivo y los municipios se destinará a indemnizaciones a los propietarios afectados y el otro 50% restante a la construcción de casas de sustitución para quienes se decanten por esta vía— ha insistido en que el plan se podrá realizar esta legislatura si no hay «ningún tipo de interferencia», «incidente de ejecución» o «cuestión adicional».
Así lo ha señalado este miércoles durante su comparecencia, a petición propia, en la comisión parlamentaria del área para dar cuenta del Plan de Derribos, presentado ya a los afectados y a los jueces y que empezará a materializarse con la ejecución de sentencias de demolición de aquellas viviendas que no se puedan legalizar, en principio 162, mientras que 367 se podrían legalizar si se aprueban los planeamientos urbanísticos municipales conforme a su tramitación actual.
LA CONSEJERÍA TRABAJA «A TOPE» EN LOS TRES PILARES DEL PLAN
En este sentido, Gochicoa ha remarcado que uno de los tres pilares en los que se basa el documento es la agilización de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de los ayuntamientos en cuestión, que es «la clave». Los otros dos son agilizar los pagos de las indemnizaciones en los supuestos en los que haya que derribar y avanzar en los proyectos previstos. Líneas todas ellas en las que trabaja «a tope» la Consejería, en palabras de su titular.
La propuesta aprobada por el Ejecutivo autonómico a finales del pasado mes de mayo se basa en la elaborada en 2011, que contemplaba la demolición de 621 viviendas, para «no empezar de cero», pues se habían dado «pasos» en el pasado aunque «insuficientes». Así lo ha expresado Gochicoa, partidario de «dar un arreón» a la solución de un problema originado hace más de dos décadas -antes de la Ley del Suelo de 2001- y que quede resuelto en un plazo «corto» de tiempo.
Para ello, en su departamento decidieron «coger el toro por los cuernos» y asumir, desde el inicio del presente mandato, el problema de los derribos como «un reto de legislatura» y una «prioridad absoluta». Así, teniendo en cuenta que las familias son las «grandes perjudicadas», en el Gobierno tratan de hacer «todo lo posible» para, entre todos, solucionar esta situación también «lo antes posible».
Y aunque las ideas de las que parte son «básicamente las mismas», el actual plan -que es para «la ejecución de sentencias» que haya que ejecutar- está «mucho más desarrollado» y, por tanto, la hoja de ruta está «más definida», con presupuestos y plazos. Así, la revisión incluye más concreciones y novedades, como permitir un seguimiento de los hitos marcados.
PISOS EN ARNUERO, PARA AFECTADOS TAMBIÉN DE ESCALANTE Y ARGOÑOS
Uno de ellos es el proyecto de construcción de pisos en Arnuero para ofrecerlos como viviendas de sustitución a vecinos de este y otros municipios también en los que por ahora no se contemplan edificaciones, como Escalante -donde hay que demoler las 32 viviendas del céntrico edificio Tres Torres por su morfología- y Argoños -donde están sentenciadas las 11 casas de Camino del Portillo, en Las Llamas II por su impacto visual y paisajísico–
En el primero de estos ayuntamientos, donde ahora no es posible un crecimiento urbanístico adicional, Gochicoa cree que puede ser una alternativa «interesante» para los propietarios, especialmente para los que son de fuera de Escalante y les puede resultar «parecido» vivir en Arnuero. En este municipio hay que derribar las 102 viviendas de La Arena que siguen en pie y se sumarían a otras 42 ya demolidas, pues solo se había levantado la estructura y no estaban habitadas, lo que eleva a 204 los fallos ejecutivos.
En todo caso, como ha aclarado Gochicoa, se trata de «una opción», ya que los afectados de Escalante pueden elegir también entre cobrar la indemnización que les corresponda por la demolición o esperar a una solución en su municipio.
Lo que ve más «claro» el consejero es que seguramente «nadie» de Argoños se decante por mudarse a Arnuero. «Sería una sorpresa», ha manifestado, al explicar que este caso sería trasladarse de un chalé a un piso. En este supuesto, igualmente podrán optar por cobrar la cuantía que les corresponda -como decidieron ya tres de los afectados y estaría en el «ánimo» de los ocho restantes- o aguardar una solución en su ayuntamiento, aunque para esto último pueden «pasar muchos años» pues no hay suelo público.
A esas demoliciones hay que sumar 17 chalés en Liencres (Piélagos), levantados en una zona de protección de Costas, seis en Cerrias I y once en Cerrias II, las más próximas en la costa en ambas urbanizaciones y que se empezarán demoler en función de su mayor proximidad al mar.
PGOUS
Sobre el PGOU de este municipio, Gochicoa ha destacado que ya está redactada y notificada la memoria ambiental, y confía en que sea una realidad a finales de este año o principios del próximo. Ha admitido que por las dimensiones y características del municipio es una tramitación más «compleja», como sucede en Argoños, donde los trabajos están «bastante avanzados». «Creo que puede ser una realidad este mismo año. Con eso estamos jugando y esa idea tenemos», ha apostillado.
En materia urbanística, el consejero ha valorado la labor de otros ayuntamientos que «hicieron sus deberes», como Arnuero, San Vicente de la Barquera o Miengo, hasta el punto de que en este último el problema que había con las 110 viviendas ilegales -90 en una urbanización y 20 en otra- está «totalmente resulto» y «forman parte del pasado», así como también una urbanización barquereña en construcción.
Y en Arnuero, «si todo va bien», el Gobierno confía en contactar en julio con los afectados para la tasación de sus viviendas, una a una, y ofrecerles la indemnización que corresponda o una de sustitución.
En función de lo que decidan, se adaptará el proyecto previsto en este municipio y que también se ha presentado como una posible solución para propietarios de Argoños y Escalante. La previsión es que esté este año, para licitar la ejecución de las obras y que sea una realidad en 2022 o 2023, es decir, para cuando concluya la presente legislatura.