Izquierda Unida Cantabria propone crear un impuesto autonómico a las grandes superficies para recaudar unos tres millones de euros anuales, modificar la legislación para que eliminar las aperturas autorizadas en festivos y revisar las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) vigentes en la comunidad, unas medidas que buscan apoyar al pequeño comercio.
El candidato de Izquierda Unida a la Presidencia de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa junto al concejal y portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Santander, Miguel Saro.
Sobre el gravamen, con el que ya cuentan Asturias y Aragón y recaudan con ello unos nueve millones al año, Ruiz Salmón ha indicado afectaría a los establecimientos comerciales con una zona de ventas y atención al público superior a los 4.000 metros cuadrados a excepción de los dedicados a la venta de material de jardinería o concensionarios de vehículos siempre que no excedan los 10.000 metros cuadrados.
El impuesto, según ha indicado, «tiene como objeto gravar la singular capacidad económica que concurre en determinados establecimientos comerciales como consecuencia de estar implantados como grandes superficies, en la medida en que esta circunstancia contribuye de una manera decisiva a tener una posición dominante en el sector y genera consecuencias negativas en la ordenación del territorio y el medio ambiente, cuyo coste no asumen».
Entre las externalidades negativas se encuentra la contaminación que producen los consumidores por desplazarse en coche hasta las grandes superficies o los impactos directos e indirectos que las infraestructuras y los medios de conexión producen sobre el territorio.
«La idoneidad de este impuesto se justifica en la lesividad que este tipo de superficies tienen y no han asumido hasta ahora: costos económicos, sociales y medioambientales que afectan a la vida colectiva», ha defendido el candidato autonómico de IU. «La recaudación servirá, precisamente, para paliar y minimizar esos efectos, de forma que la actividad productiva sea responsable», ha añadido.
Con esta medida, IU estima una recaudación de unos tres millones de euros al año, en cuyo cálculo tienen en cuenta como base imponible la superficie de aparcamiento de las grandes áreas de venta y factores determinantes como la superficie total, la población del área de influencia del propio centro de ventas o el acceso a través de medios de transporte público.
Con todo, Ruiz Salmón ha explicado que el cálculo es «conservador» y «responsable», dado que en Asturias o Aragón la recaudación por este impuesto asciende a nueve millones anuales y afecta a establecimientos a partir de 2.000 metros cuadrados en el caso aragonés.
«Con esta iniciativa queremos incorporar mayor justicia social a nuestra comunidad, ya que la gran superficie siempre es la gran beneficiada frente al pequeño comercio y a los autónomos que sacan adelante sus proyectos en una clara desventaja en el sector», ha añadido.
MÁS CONCILIACIÓN LABORAL-FAMILIAR Y CIERRE EN FESTIVOS
Por su parte, Miguel Saro ha defendido la «necesidad» de adecuar las ZGAT a su verdadero propósito, tal y como está recogido en la Ley, para que «se respeten los derechos laborales de los trabajadores del sector comercial y se permita una mayor conciliación laboral y familiar».
Así, el concejal santanderino ha explicado que entre las competencias de los ayuntamientos está la de declarar qué espacios y durante qué período de tiempo existen las ZGAT, en las cuales los comerciantes disponen de total libertad para determinar las horas de apertura de sus establecimientos (los comercios menores de 300 m2 tienen total libertad).
«Este hecho beneficia a las grandes superficies, ya que el convenio colectivo que regula dicho tipo de comercios apenas compensa al trabajador, mientras que los convenios colectivos regionales reguladores de pequeños comercios (textil, del calzado) sí que recogen de forma más justa el derecho a algún tipo de compensación para sus empleados», ha explicado.
Más de una veintena de municipios están declarados total o parcialmente como ZGAT, una cuestión que, a juicio de IU, «no está respondiendo de forma fiel a la realidad, con independencia de sus implicaciones económicas». «Simplemente se están declarando zonas de gran afluencia turística que no responde a la realidad y, por tanto, pervirtiéndose el origen y fin de la norma», ha dicho Saro.
En el caso concreto de Santander, todo el municipio está declarado como ZGAT desde el 15 de julio al 31 de agosto, «un sinsentido» para Saro, quien ha argumentado que en el municipio el turismo se concentra desde la zona del Barrio Pesquero hasta el Sardinero, incluido el centro, una postura en sintonía con las defendidas por los sindicatos UGT y CCOO.
«En esta situación, las grandes superficies, que están a las afueras y en zonas que no atraen visitantes, se están beneficiando de la norma obteniendo días de apertura extra, en los que no contratan gente nueva -fin de la norma- y no hay gran consumo, sino que explotan a los trabajadores que ya tienen impidiendo el descanso y la conciliación familiar y laboral», ha afirmado.
«El modelo de IU es el de cero festivos, tal y como ocurre en el País Vasco», donde las grandes superficies no pueden abrir en estos días, y Saro ha señalado que el Estatuto de Autonomía de Cantabria tiene la competencia exclusiva en materia de comercio interior, «exactamente igual que en la comunidad vasca» por lo que «hace falta un Gobierno valiente en Cantabria que se preocupe de los trabajadores del sector».
La ley estatal, sin embargo, determina que han de ser como mínimo diez los festivos en los que se permita la apertura de comercios de más de 300 y la Ley de Comercio de Cantabria marca su máximo en diez.
En este escenario, el portavoz de IU ha defendido que el Gobierno municipal «debería cambiar la ZGAT y hacerla realista», mientras que el Gobierno autonómico «tiene la posibilidad de minimizar este perjuicio actual» para los trabajadores, concentrando el mayor número de festivos de apertura en el período en que Santander es ZGAT, reservando alguno para momentos concretos como las navidades y liberando los puentes festivos «para que los trabajadores puedan disfrutar del descanso -o las breves vacaciones- al que acostumbra el resto de la ciudadanía».