Un 58% de los fondos destinados a los programas están relacionados con la protección de personas vulnerables ante posibles abusos financieros, hipotecarios o ligados al sobreendeudamiento familiar.
Asimismo, Consumo destina 1.212.428,30 euros a la financiación de programas de fomento con el fin de asegurar el ejercicio de las funciones de representación institucional y defensa de las personas consumidoras que desarrollan estas asociaciones.
Las asociaciones beneficiarias de esta convocatoria son, en orden de cuantía recibida, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), Facua- Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción (FACUA), la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), la Federación Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España (UNAE), la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOP) y la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU).
En total, el ministerio, a través de la Dirección General de Consumo, destina un total de 2.735.566,14 euros a esta convocatoria del año 2020 a la que han concurrido un total de siete organismos con 20 proyectos específicos, según la resolución definitiva de esta convocatoria. Todas, a excepción de ASUFÍN, cuentan también con financiación para proyectos de fomento de su actividad en defensa de los consumidores y usuarios.
Entre los proyectos específicos, destacan los dirigidos a la protección de consumidores vulnerables ante productos hipotecarios y financieros así como a prevenir el sobreendeudamiento familiar. En concreto, esta temática es la que mayor volumen de fondos se lleva del conjunto de la convocatoria pública.
La segunda temática en orden de importancia es la que tiene que ver con el consumo sostenible y la economía circular, que se financiará con el 17% del total de la convocatoria. Le siguen los proyectos relacionados con la protección de menores ante la publicidad sexista y los programas relacionados con el suministro eléctrico del hogar.
Esta convocatoria de subvenciones, aprobada mediante Resolución de 16 de junio de 2020 del Ministerio de Consumo, se enmarca en las obligaciones de fomento del asociacionismo consumerista por parte de las administraciones públicas recogidas en la Constitución.