Este miércoles día 4 de septiembre, una comisión judicial del juzgado de instrucción nº 2 de Santander se presentó en la calle San Celedonio para practicar el desalojo de cuatro familias. Sin embargo, la orden de desalojo cursada estaba desfasada y no iba dirigida a los vecinos que actualmente residen en dicho bloque de viviendas sino a los anteriores inquilinos. A pesar de ello, la comisión judicial y la policía que los acompañaba procedieron a expulsar de sus viviendas a los vecinos presentes, que no habían sido notificados en ningún momento, y a cambiar las cerraduras. Además, una de las familias fue desahuciada sin estar presente en ningún momento, encontrándose al llegar a su casa que no podía abrir la puerta y quedando todas sus cosas dentro, incluyendo su propia documentación y la de sus hijos pequeños.
Esta vecina se puso en contacto inmediatamente con la plataforma Stop-Desahucios, que acudió al domicilio al poco tiempo. Posteriormente, por la tarde, la policía volvió al lugar de los hechos para finalizar las actuaciones y abrir las viviendas para que las familias pudieran recoger sus enseres. Los funcionarios se encontraron con la situación que describe a continuación Antonio G. Javega, uno de los activistas de la plataforma Stop-Desahucios que estuvieron presentes: “Estamos hablando de un bloque de seis viviendas, todas ellas con familias en situación de extrema necesidad. La primera irregularidad es no atender a la situación social de estas personas, habiendo menores de por medio. En segundo lugar, el desahucio no se practica contra las seis familias, sino contra cuatro, ya que dos de ellas habían sido identificadas y por tanto recibieron el escrito del juzgado convocándoles a una comparecencia judicial de diligencias previas. El resto, ya fuera porque no estaban presentes cuando se personó la policía o porque tuvieron miedo a abrir la puerta, no fueron identificadas. Y estas personas son las que sufrieron el desahucio. Todo esto es absurdo. Algunas de estas familias llevan más de un año residiendo allí. Obviamente, ninguna ha recibido notificación alguna ni denuncia previa al desahucio. Y, por supuesto, ninguna de las familias tiene abogado, otra irregularidad. No se pueden hacer las cosas de esa forma. Se supone que hay un estado de derecho”.
Por este motivo, la policía, con buen criterio, suspendió de facto los cuatro desahucios y explicó a las familias afectadas que recibirán sendos escritos del juzgado explicando la situación en la que quedaban.
El portavoz de la plataforma explica las razones de tanto error: “El problema es que el desalojo iba dirigido contra los anteriores inquilinos de esas viviendas. Ninguna de las familias afectadas actuales figura entre los nombres de los denunciados en la orden de desalojo. El procedimiento penal se inició mucho tiempo antes, hace años; por ejemplo, una de las afectadas, Ada, lleva más de un año empadronada en su vivienda y fue la que se encontró con la puerta de su casa bloqueada”.
“Por si no fuera suficiente, el bloque de viviendas tiene numerosas irregularidades arquitectónicas y la empresa promotora de la construcción de la vivienda se apropió de parte del dominio público, como puede comprobarse porque una de las alcantarillas de la calle se encuentra dentro del portal del edificio”, afirma Javega.
Las cuatro familias se encuentran en una situación de extrema necesidad y precariedad, llevan en desempleo varios años y/o de vez en cuando realizan trabajos muy esporádicos para mantener a sus familias. Una de las familias, la forma Ada, madre soltera de dos niños de 8 y 9 años; Samuel y Melody son otros afectados, tienen una niña de 20 meses; Mario y Raquel tuvieron hace mes y medio también un bebé; y la otra familia la componen Jorge y Rosa, con dos niñas pequeñas.
Por la tarde todos los vecinos, de las seis viviendas, decidieron solicitar asistencia jurídica gratuita y presentar denuncia contra la comisión judicial, el secretario-letrado del juzgado y el dispositivo policial de la mañana por allanamiento, usurpación de atribuciones y abuso de autoridad. Todos los afectados también quieren hacer constar que no tienen “ninguna queja” contra el dispositivo policial que se personó por la tarde. “Tuvieron un trato muy respetuoso y educado con todos nosotros, les damos las gracias a ellos por su actitud y su respeto de la ley”, explica uno de los vecinos.
Para Antonio G. Javega, el “los policías de la tarde cumplieron con su deber, esto es, hacer respetar la ley. Y el trato fue muy bueno. De hecho, ellos mismos se sorprendieron de que no hubiera nadie del juzgado en ese momento y sólo estuviera presente la procuradora de la otra parte y el propietario-promotor de las viviendas. Otra irregularidad”.