Fuerzas de SEPRONA de la Guardia Civil de Cantabria, han instruido diligencias, el pasado viernes, en calidad de investigado a un hombre de 44 años de edad como presunto autor de un delito contra los Recursos Naturales y Medio Ambiente, al intentar realizar un traslado de residuos peligrosos a Nigeria desde el Puerto de Bilbao.
En septiembre de 2019, la Guardia Civil tuvo conocimiento sobre la negativa a la exportación de residuos, que pudieran ser peligrosos, a través de un contenedor en el Puerto de Bilbao. La mercancía tenía como destino Nigeria y estaba compuesta por cerca de 30 toneladas de motores y partes de vehículos usados, supuestamente destinados para la venta como repuestos.
Durante los días posteriores personal de la Agencia Tributaria, de la Sección Fiscal de la Guardia Civil y de técnicos del órgano ambiental del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, llevaron a cabo un reconocimiento físico de la carga.
El reconocimiento, consistió en un primer momento, en un escaneado de la carga para posteriormente abrir las puertas del contenedor.
Como resultado de dicha inspección, se observaron motores de automóvil, componentes de freno, suspensión así como otros muchos componentes. Todos ellos dispuestos sobre un lecho de arena y con filtros, correas, conductos, alternadores y electrónica.
A partir de ese momento, se comprobó que dicho material cumpliera los requisitos mínimos para su distinción como productos y no como residuos, y por lo tanto, poder ser transportados.
La Guardia Civil pudo comprobar, que dichas piezas y conjuntos de piezas carecían de una acreditación que indicara que procedían de vehículos dados de baja definitiva de la DGT y que se hubieran sometido a las operaciones de tratamiento para la descontaminación y para su preparación para la reutilización.
Por ello, dicho contenido, al no acreditarse su descontaminación, se considera residuo peligroso.
La exportación de un residuo peligroso de un país no sujeto a la decisión de la OCDE, como es el caso de Nigeria, está prohibido, tanto si su destino es valorización como eliminación. Hecho por el que el responsable es investigado.
Durante las pesquisas, se pudo averiguar, que el ahora investigado, desde el 2010, su empresa ubicada en Cantabria, habría exportado 116 contenedores con contenidos similares al investigado.