Si en algo podríamos estar de acuerdo es que un sistema democrático no puede reducirse exclusivamente a votar en una urna cada cierto tiempo o contemplar como pasmarotes la difusión de consignas, normas o decretos de las instituciones y órganos de las Administraciones Públicas. Pero transcurridos más de 40 años de un régimen constitucional que nos remite a la soberanía popular en su articulado hemos tenido que soportar el progresivo vaciamiento de sus esencias fundamentales al renunciar sistemáticamente a la impregnación cotidiana de la participación ciudadana en las decisiones de nuestros gobernantes y, lo que es también particularmente escandaloso, en el funcionamiento interno de los partidos políticos –y también, lamentablemente, de muchas organizaciones sociales con tentaciones sectarias y excluyentes– como instrumentos imprescindibles, convertidos en clubs blindados de élites y burócratas al margen de sus teóricos miiitantes, afiliados o simpatizantes. Esta constante devaluación del relevante papel que deberían desempeñar ambos sujetos –instituciones y partidos– en la vitalidad del sistema democrático se manifiesta con particular crudeza –y dejaremos para otra ocasión los entresijos de los ámbitos autonómicos, estatales y comunitarios– en las Administraciones locales, Ayuntamientos y Mancomunidades, donde su supuesta cercanía a los ciudadanos debería garantizar, más si cabe, esa participación donde la transparencia y los flujos informativos deberían mostrarse y circular con la claridad y periodicidad de la que carecen en la inmensa mayoría de los casos.
Sin embargo, ni la vieja Ley de Bases de Régimen Local con sus reformas y modificaciones posteriores, ni la más reciente Ley deTransparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, han sido capaces de arraigar en los gobiernos municipales, Ayuntamientos y partidos que les sustentan los hábitos democráticos elementales en sus relaciones con los vecinos al ignorar capítulos tan esenciales como la creación de los Consejos Sectoriales –Asuntos Sociales, Urbanismo y Medio Ambiente, Economía y Fiscalidad…–más allá de las Comisiones o Concejalías específicas, donde garantizar la presencia sistemática y cotidiana de los agentes sociales y económicos con sus pronunciamientos y propuestas sobre los temas a tratar o debatir y votar en los Plenos o Comisiones de Gobierno. Estas limitaciones se han visto acentuadas, además, en estos tiempos de pandemia al despreciar –y ya venía ocurriendo desde la implantación generalizada, hace dos décadas, de las nuevas tecnologías de la información/comunicación– las enormes posibilidades de estas nuevas herramientas para facilitar el rápido acceso a la información municipal con páginas webb o correos electrónicos donde consultar, de forma inmediata, cuentas y presupuestos, ingresos y gastos, debates plenarios, transferencias o subvenciones, relaciones e intercambios con otras Administraciones.., para enterarnos por ejemplo, entre otras cosas, de la posición de los gobiernos locales sobre los remanentes o superávits que, sorprendentemente o tal vez por su incapacidad de gasto adecuado o satisfacer necesidades prioritarias de los vecinos, han guardado con siete llaves en su caja fuerte muchos Ayuntamientos.
Y dejando al margen, también, los debates sobre sus aportaciones explícitas a la transición ecológica y a la digitalización con las que implicarse en función de las directrices de la política española y europea. Aportaciones sobre las que surgen fundadas dudas por el incumplimiento de sus obligados compromisos y participación en las Mancomunidades de las que forman parte en ámbitos mucho más próximos y que si ya costaba identificarlas en los tiempos anteriores a la pandemia llevan ya desde Marzo en paradero completamente desconocido y con los mismos problemas de carencias informativas y acceso a los contenidos de su actividad por parte de los distintos Ayuntamientos que las componen.
En resumen podemos anticipar un desastre más a los negativos efectos de esta pandemia al no introducir y generalizar las herramientas de las nuevas tecnologías y la digitalización añadida con las que compensar la suspensión de los encuentros presenciales y la generalización de plenos y reuniones virtuales con la ayuda de las apps, los zoom, las conexiones online –y la conectividad en marcha asociada al 5G–, los skype…, sin perjuicio de reforzar la ciberseguridad o la protección de datos de las entidades o ciudadanos particulares implicados en el uso adecuado de la inteligencia artificial y en la superación de los problemas no solo de esta calamidad que sufrimos sino también de los retrasos y errores cometidos y acumulados en años pasados en el funcionamiento de las instituciones y los partidos supuestamente democráticos.Y, desde luego, sin caer en la tentación de utilizar las nuevas tecnologías y las redes sociales para distraer o confundir a la población sobre la auténtica realidad y el ejercicio de sus derechos y libertades mediante la perversas estrategias de la manipulación, la censura, la intoxicación y la alienación individual y colectiva.
Autor: Emilio Carrera. Miembro de Ecologistas en Acción