El proyecto de ley de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2020 asciende a 2.886 millones de euros, un 1,2 % más que el año anterior, y se centran, principalmente, en «blindar el Estado del Bienestar«, con incrementos en Sanidad, Educación y Dependencia, y en luchar contra la despoblación de las zonas rurales, en detrimento de las inversiones, que bajan un 9%.
Así lo ha expuesto este miércoles tras registrar el proyecto de Presupuestos en el Parlamento, la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, quien ha defendido que se trata de unas cuentas «realistas» y «prudentes» en la previsión de ingresos; «responsables» ya que cumplen con la regla del gasto y el objetivo de déficit, y que apuestan por «mejorar la vida de las personas», y fomentar la igualdad de los ciudadanos, independientemente de su renta o el lugar donde vivan.
En este último aspecto, el Presupuesto pretende luchar contra la despoblación en el mundo rural, a través de deducciones fiscales en el IRPF para aquellos contribuyentes que vivan en estas zonas de Cantabria, que constituyen una de las «principales novedades» de estas cuentas, según ha destacado la consejera.
Los contribuyentes que vivan en estas zonas rurales con riesgo de despoblación (el Gobierno ha fijado una serie de criterios «objetivos» para definir cuáles son, abarcando 56 municipios) podrán beneficiarse de deducciones por contratos de arrendamiento de viviendas, por los gastos de guardería; por costes del traslado de residencia habitual a los pueblos por motivos laborales, o por actividades de autoempleo puestas en marcha por menores de 35 años.
INCREMENTO DEL GASTO SOCIAL
En estas cuentas para 2020 hay una subida de casi 77 millones de euros en el gasto social, que se dirige a incrementar las partidas de Sanidad, que suben en 47,8 millones respecto a 2019, un 5,47 por ciento más; de Educación, con 20 millones más, lo que supone un crecimiento del 3,7%, y de Servicios Sociales, con 7,4 millones más (+3,14%).
Por su parte, las políticas de fomento del empleo tendrán una dotación cercana a los 100 millones; la de cultura de más de 30, y habrá 22 para facilitar el acceso de la vivienda.
La consejera de Economía y Hacienda también ha reivindicado que con estos PGC se «impulsa el cambio de modelo productivo» y «avanzar» en la implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
En este Presupuesto, el gasto no financiero –el dirigido a costear los diferentes servicios públicos o inversiones– sube a 2.377 millones, un 3,5% más que en 2019, mientras que el financiero, dirigido a sufragar deuda y operaciones económicas y bancarias, y que por tanto «no genera riqueza», según precisa el Gobierno, baja a 427 millones.
Por departamentos, la mayor parte del gasto del Presupuesto de 2020 se lo llevan la Consejería de Sanidad y el Servicio Cántabro de Salud, que suman 922 millones; la de Educación, Formación Profesional y Turismo, con casi 516,9 millones; el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), con 230,5 millones, o la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, con prácticamente 140,2 millones.
La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente tiene un presupuesto de 134 millones; la de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte cuenta con 131,3 millones; la de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, con 109,7 millones; el Servicio Cántabro de Empleo, con 98,4; la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, con 85,2; la de Economía y Hacienda, con 35,8, y la de Empleo y Políticas Sociales, con 31,5.
Por otra parte, se destinan 7,8 millones al Servicio Cántabro de Emergencias, y casi 2,7 al Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST).
La comparativa por áreas de este primer presupuesto de legislatura respecto a 2019 es complicada, ya que se ve afectada por el cambio de competencias entre consejerías respecto a la anterior.
MENOS GASTO EN DEUDA
El Presupuesto por secciones se completa con las destinadas al Parlamento regional, para el que hay casi 8,1 millones, o la de Deuda Pública, con un gasto de 431 millones de euros.
Respecto a la deuda, la consejera ha subrayado que este capítulo se reduce, respecto a 2019, en más de 35 millones de euros.
Ya el martes, subrayó que era la «primera vez» desde hace varias legislaturas que la deuda pública se reduce notablemente tras el incremento que, según señaló, se había dado en la legislatura 2011-2015, en la que gobernó el PP.
INVERSIONES
En la presentación de los Presupuestos, la consejera ha reconocido que el incremento del gasto social tiene como contrapartida una caída de las inversiones, que se reducen en un 9 por ciento.
Según se recoge en la documentación del Presupuesto los capítulos inversores suman 262,2 millones, de los que 162,1 son inversiones reales y 100,1 en transferencias de capital, que son partidas destinadas, por ejemplo, a los ayuntamientos para que realicen actuaciones.
Del total, la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo es la más inversora, con 86,6 millones en inversión real y trandferencias de capital; seguidas de la de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que ascienden a 40,1 o la de Innovación, Industria, Tranporte y Comercio, 32,6.
En la Consejería de Educación, FP y Turismo estos dos capítulos inversores ascienden a 30,5 millones, mientras que en la de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte ascienden a 21,8.
En Sanidad, teniendo en cuenta las de la Consejería y el SCS, las inversiones ascienden a 16,7 millones.
INGRESOS
En cuanto a los ingresos, la consejera ha subrayado que es un presupuesto «realista y prudente».
Sánchez ha explicado que la mayor fuente de ingresos prevista en el Presupuesto son las entregas a cuenta del Estado a la comunidad, que, según lo ‘pintado’ en el presupuesto crecerán un 3,5%, aunque ha señalado que éstas podrían incrementarse más pero el Ejecutivo ha querido ser «prudente».
En el capítulo de ingresos, las transferencias corrientes ascienden a casi 706 millones de euros, un 24,5 % del total. Por impuestos, el Gobierno prevé ingresar 972,9 millones por impuestos indirectos (el 33,7% del total) y casi 606,8 en impuestos directos y cotizaciones sociales (el 21%).
La consejera de Economía y Hacienda ha explicado que con estos Presupuestos, el Gobierno busca aplicar una «fiscalidad más justa».
En materia de fiscalidad, las deducciones para el mundo rural son la principal novedad en unos Presupuestos de 2020, en los que –ha dicho– el resto de impuestos «no se tocan». También hay deducciones para potenciar la natalidad y también para inversiones o donaciones a entidades de la economía social.
La consejera ha explicado que el Gobierno ha elaborado los Presupuestos en el actual contexto de «enfriamiento» de la economía de la zona euro y de acuerdo con las previsiones de crecimiento del Gobierno de España del 2,1% en 2019 y del 1,8% en 2020, en sintonía con otros organismos como el FMI, el Banco de España y la Comisión Europea.
Por otro lado, ha incidido en la situación «excepcional» que supone que en España haya un Gobierno en funciones y un presupuesto prorrogado, hasta al menos «principios de 2020», lo que impide conocer con exactitud aspectos como las entregas a cuenta, el incremento salarial para los funcionarios (se ha previsto un incremento del 3%), la tasa de reposición o las transferencias finalistas que la región recibe del Estado, entre las que se encuentran las políticas públicas de empleo o la transferencia correspondiente al coste de las obras de Valdecilla.