El grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de Santander ha registrado una serie de preguntas para el próximo pleno de este jueves al objeto de ser informados de varias cuestiones, entre ellas, las causas por las que el equipo de gobierno aún no ha procedido a establecer protocolos para la adecuación del uso de los arenales de la ciudad a consecuencia del COVID-19.
Los regionalistas apuntan que son muchos los ayuntamientos que llevan trabajando semanas en la organización de la estancia en las playas para que no se produzcan aglomeraciones, y respetar así la distancia de seguridad necesaria marcada por esta pandemia. Argumentan que la propia Ley de Costas apunta a que las corporaciones locales pueden ordenar el uso de la playa y limitar aforos mediante los sistemas que consideren oportunos, “por lo que los ayuntamientos tienen el derecho preferente de los usos y rendimientos de la playa y a cambio tienen la obligación de mantenerla limpia y en buen estado”.
Por ello quieren conocer las medidas, estudios y/o trabajos que ha realizado el Ayuntamiento para la reapertura ordenada de playas y si la alcaldesa considera que ha actuado “a tiempo” y de una “manera responsable” para favorecer un uso ordenado de dichos espacios.
El PRC también preguntará si el equipo de gobierno se plantea aumentar la flota municipal de autobuses y trabajadores para hacer frente al aumento de usuarios en verano garantizando así la seguridad de todos ellos. Señalan que la situación generada por el Covid 19 y las medidas de seguridad interpersonal en materia de movilidad ha supuesto la necesidad de adaptación del TUS junto a otras acciones como la implementación de dispensadores, señalización de asientos o mamparas establecidas para el uso diario por parte de la ciudadanía. “Pero con la llegada del verano y el previsible aumento de visitantes en la ciudad de Santander, se incrementará de forma notable el número de usuarios del servicio y ante esta situación consideramos necesario reforzar y reformular el TUS, conforme la realidad que se avecina”.
Siguiendo con la movilidad, otra de las preguntas registradas gira en torno a si el equipo de gobierno va establecer alguna medida alternativa a la suspensión de la OLA, “tal como podría ser la de habilitar aparcamientos disuasorios provisionales para el estacionamiento de los segundos vehículos de los residentes, con el fin de no mermar deliberadamente los ingresos que percibe el Ayuntamiento por parte de la empresa concesionaria. En este sentido, explicaron que el informe de la Dirección de Ingresos Públicos del propio consistorio, reflejaba que el Ayuntamiento dejará de percibir una cuantía cercana a los 280.000€ por parte de la empresa concesionaria del servicio de OLA al haber suspendido la corporación local el cobro a los usuarios del servicio durante parte de la vigencia del estado de alarma.
Igualmente preguntarán por qué la suspensión de la OLA no se ha mantenido durante todo el estado de alarma tal como anunció la alcaldesa en prensa.