El Grupo Popular ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a aprobar medidas urgentes y extraordinarias para personas o familias en situaciones de vulnerabilidad o exclusión como consecuencia de la crisis del coronavirus, entre otras la creación de un Fondo Extraordinario no reembolsable, para hacer frente a la inversión realizada por comunidades autónomas y corporaciones locales para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos sin ingresos.
En la exposición de motivos de la iniciativa se señala que la pandemia causada por la COVID-19 ha derivado en una crisis sanitaria, económica y social. Ha generado nuevas situaciones de pobreza, con muchas más personas vulnerables y en exclusión social, con un aumento de la pobreza en España, con origen en la pérdida de empleo y los ERTE generado por el confinamiento decretado por el Gobierno para responder a la pandemia. Es una crisis que ha generado nuevos perfiles de usuarios de los servicios sociales y nuevas demandas.
Durante estos meses, son millones las personas que han perdido su empleo o se han visto afectadas por un ERTE. Son demasiadas las familias que se han visto sin nada de un día para otro, y han tenido que recurrir a ayudas para alimentarse, acudiendo a los servicios sociales municipales o a las entidades del Tercer Sector, como Cáritas o Cruz Roja. Las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las entidades del Tercer Sector de Acción Social han visto cómo se han multiplicado las peticiones de ayuda de urgente necesidad.
EJEMPLOS DE INVERSIÓN EN MADRID Y CASTILLA Y LEÓN
Como ejemplos, se indica que el Ayuntamiento de Madrid ha invertido 19 millones de euros en ayudas alimentarias para asistir a 82.000 personas y 30.000 familias en la capital. Ha dedicado el 20% del superávit del año 2019 a paliar la crisis económica y social.
Además, se señala que en la Comunidad de Madrid, las unidades de Respuesta Social se han incrementado un 125%, y que Castilla y León ha destinado a las corporaciones locales un total de nueve millones de euros del Fondo Social Extraordinario para cofinanciar las necesidades sociales generadas por la crisis del COVID-19.
El Grupo Popular considera además que las Autonomías necesitan conocer el escenario presupuestario y los porcentajes de déficit y deuda, para la reactivación económica y la recuperación del empleo, así como para proteger a los más vulnerables, mientras el Gobierno debería flexibilizar los criterios para que los Ayuntamientos que tienen superávit puedan destinar ese dinero a pagar los gastos generados por la pandemia, proteger a las personas más vulnerables, e impulsar la creación de empleo.
Por todo ello, el Grupo Popular insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:
1. Activar un canal de detección, en colaboración con las comunidades autónomas, de las situaciones nuevas de vulnerabilidad para garantizar una atención inmediata con el fin de dar una respuesta urgente a las necesidades más básicas de vulnerabilidad (personas que han perdido sus apoyos habituales, familias con insuficientes recursos económicos y personas que, por enfermedad u otras circunstancias, no puedan salir de casa).
2. Impulsar medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión como consecuencia de la crisis.
3. Mejorar la coordinación entre los diferentes Ministerios, conectar los servicios sociales con el sistema de empleo y otros servicios que permitan cubrir las necesidades de subsistencia y mejorar su inclusión social y laboral.
4. Aprobar un Fondo Extraordinario no reembolsable, para hacer frente a la inversión realizada por las comunidades autónomas y corporaciones locales, destinado a hacer frente a las necesidades básicas de las personas sin ingresos como consecuencia de la pandemia.
5. Impulsar un Plan de acción para proteger a las personas más vulnerables para para garantizar la inserción laboral y la empleabilidad de las personas afectadas por la crisis, a través de proyectos de inserción sociolaboral.
6. Facilitar el uso de los remanentes de tesorería y flexibilizar los criterios para que los ayuntamientos puedan destinar su superávit a proteger a las personas más vulnerables como consecuencia de la pandemia COVID-19.
7. Impulsar un Fondo destinado a las entidades del Tercer Sector de Acción Social para afrontar las nuevas necesidades generadas como consecuencia del Covid.
8. Impulsar, en el marco de la Unión Europea, que el Fondo de Ayuda Europea para las personas más vulnerables (FEAD) para el periodo 2021-2027 mantenga el presupuesto asignado para el periodo 2014-2020, más de 3.800 millones, con objeto de incrementar las intervenciones de carácter social, y mejorar la atención a los beneficiarios del mismo como consecuencia del coronavirus.
La iniciativa está suscrita por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, la vicesecretaria del PP Cuca Gamarra, las portavoces adjuntas del Grupo Pilar Marcos y Sandra Moneo, la portavoz de Asuntos Sociales Alicia García, y los diputados Teresa Angulo, Carmen González Guinda, Carmelo Romero, Diego Movellán, Miguel Ángel Paniagua y Carmen Navarro.