La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha reclamado al Gobierno de Cantabria el pago inmediato a los ayuntamientos de todo el Fondo de Cooperación Municipal, y no solo la mitad, y de los 14,7 millones del Plan Concertado de Servicios Sociales. “No puede ser que con una mano el Gobierno de Cantabria pida a Pedro Sánchez que permita a las entidades locales invertir su superávit en la lucha contra la pandemia y con la otra les racanee los fondos imprescindibles para seguir pagando a proveedores y trabajadores y minimizar el impacto de esta emergencia social”, ha afirmado.
La dirigente popular ha destacado la impagable labor de los alcaldes de Cantabria que, desde la primera línea, están dando un ejemplo enorme de valentía y dedicación asistiendo muchas veces personalmente, especialmente en los municipios rurales, a sus vecinos más vulnerables.
Ha subrayado que las entidades locales deberían poder responder de manera eficiente y rápida a la crisis, para lo que necesitan coordinación, eficacia y también liquidez.
Por ello, ha pedido al Gobierno de Cantabria que predique con el ejemplo, porque cumplido un mes de la declaración del estado de alarma, la ayuda a los ayuntamientos sigue haciéndose esperar.
“Todas las consejerías dicen que los ayuntamientos son esenciales en la recuperación, pero lo cierto es que ni cumplen con su parte ni les acompañan con el esfuerzo”, ha apostillado la presidenta, quien ha explicado que los municipios no solo no han recibido ayudas extraordinarias que serían necesarias para afrontar situaciones de emergencia, sino que ni siquiera se les ha transferido lo ordinario.
Así, ha pedido al Gobierno el pago inmediato del cien por cien del fondo de cooperación municipal, es decir, 15 millones de euros, que la consejera de Presidencia se comprometió a abonar en el primer trimestre de 2020, como se recoge en la futura ley. Según la dirigente popular, no hay ninguna razón de carácter legal, político ni económico que justifique pagar solo la mitad y con retraso, el día 23 de abril, cuando su abono completo es más necesario y está más justificado que nunca.
Además, ha reclamado la tramitación urgente y el pago inmediato a los ayuntamientos y mancomunidades del Plan Concertado de Servicios Sociales, dotado con 14,7 millones.
Buruaga ha dicho que mientras al vicepresidente se le llena la boca con la necesidad de reforzar el gasto social y de priorizar las inversiones municipales, son los ayuntamientos los que, en el peor momento, están adelantando los fondos y cargando en solitario con los gastos de personal -trabajadores sociales, auxiliares, educadores-, con el servicio de ayuda a domicilio y la teleasistencia, los programas de servicios sociales y, de forma especial, el fondo de suministros que tiene en este momento una especial importancia.
RECLAMACIÓN DEL IVA DE 2017
A estas peticiones, ha sumado la reclamación del IVA que el Gobierno de España adeuda a los ayuntamientos.
Aunque el PP valora que el Gobierno de Cantabria traslade a Pedro Sánchez la necesidad de flexibilizar la regla de gasto para que las entidades locales puedan invertir el superávit en la lucha contra la pandemia y sus consecuencias, cree que debería apoyar las demandas de los ayuntamientos al completo, no quedarse a medias y reclamar también el pago del IVA de 2017.
“Tiene que reclamar que les pague lo que les debe y les permita gastar sus ahorros para afrontar esta emergencia y sus consecuencias económicas y sociales, porque lo vamos a necesitar”, ha dicho la presidenta.
REPARTO DE MATERIAL CON CRITERIOS OBJETIVOS, EQUIDAD Y TRANSPARENCIA
Buruaga ha reclamado también al Gobierno de Cantabria que provea a los ayuntamientos del material de protección necesario para el adecuado funcionamiento de los servicios municipales durante la pandemia, que centralice la distribución en los municipios y que el reparto se realice con arreglo a criterios objetivos y con la máxima equidad y transparencia.
La presidenta ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado preguntas escritas para conocer toda la información relativa a la distribución de material entre los ayuntamientos al haberse apreciado disparidad de criterios y desigualdad de trato entre diversos ayuntamientos.
Según Buruaga, en el caso de que no se opte por el suministro directo, el Gobierno debería habilitar una línea de ayudas, tanto económicas como de gestión, para la compra y aprovisionamiento de estos materiales, difíciles de conseguir de forma individual, especialmente para pequeños municipios, en el mercado en estos momentos, y para las labores de desinfección y fumigación que, en muchos casos, están haciendo de forma directa los ayuntamientos.