El principal partido de la oposición ha insistido en la necesidad de proteger las propiedades inmobiliarias de la ocupación ilegal más allá de la actual ley de desahucio exprés contra los okupas. Su presidente, Pablo Casado, ha vuelto a remarcar que hace falta acelerar el proceso para ‘desokupar’ a un máximo de 48 horas o que se amplíe el delito de usurpación con penas de hasta tres años.
El líder de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez ha usado la campaña electoral vasca para volver a sacar a la palestra los puntos de la Proposición de Ley ya resgistrada en el Congreso en febrero del año pasado y que formó parte de su programa electoral en las últimas Elecciones Generales de noviembre de 2019.
Entre las medidas que ha defendido el presidente del PP están la de reforzar el delito de usurpación para que lleven aparejadas condenas de uno a tres años de cárcel, después de que el “PSOE las haya rebajado a unas multas”. El Partido Popular cree que los actulaes medios para combatir la ocupación ilegal de viviendas son escasos
Además, pide que el desalojo de los okupas se produzca en un plazo máximo de 48 horas, y la prohibición a los ayuntamientos para empadronar a las personas que hayan ocupado una vivienda de forma ilegal. “Se empadronan para recibir ayudas sociales y se empadronan además para que sus legítimos propietarios no les puedan desahuciar ya que se considera al estar empadronados como su morada», ha destacado Pablo Casado a los medios en un evento electoral de la campaña vasca.
Otra de las medidas que ha defendido es que las comunidades de vecinos puedan acudir a los tribunales cuando los okupas realizan actividades prohibidas, molestas, incívicas o insalubres. También cree que haría falta una reforma del código penal para que las personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer su derecho a la hora de recuperar la posesión de las casas ocupadas ilegalmente.
Casado ha querido remarcar que estas medidas están enfocadas en la ocupación ilegal de inmuebles, y no afectan a las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social y a la protección a las familias en situación de emergencia social.
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