El Gobierno de Cantabria ha impulsado el Plan de Vivienda 2018-2021, dotado con 89 millones de euros y a través del que se llevarán a cabo diferentes planes y medidas para atender situaciones de emergencia habitacional, incentivar el alquiler como modo preferente de acceso a la vivienda, fomentar la fijación de población joven en el ámbito rural, promover la rehabilitación o contribuir a la reactivación del sector inmobiliario.
El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, acompañado del director general de Vivienda, Francisco Javier Gómez Blanco, ha presentado hoy este plan «integral, coherente, social y sostenible» que tendrá un presupuesto de 89,07 millones hasta 2021 y que el Ejecutivo estima que se movilizarán más de 225 millones.
Mazón ha destacado que los 89.075.000 millones se distribuirán a lo largo de los cuatro años de vigencia del plan en diferentes capítulos del presupuesto regional. En concreto, ha detallado el consejero, 23,23 millones irán en el capítulo 4, 8,25 en el capítulo 6 y 57,59 en el capítulo 7. También ha ensalzado algunos de los montantes en ayudas que está previsto conceder a través de este plan, y que se convocarán a través de diferentes decreto que espera que el Consejo de Gobierno «apruebe cuanto antes» para que entren en vigor el próximo 1 de enero.
Así, está prevista la concesión de más de 18,5 millones de euros en ayudas de alquiler que beneficiarán a algo más de 4.000 familias al año y 31 millones de euros a ayudas a la rehabilitación, que beneficiarán a más de 8.500 viviendas. Asimismo, se destinarán aproximadamente 16 millones a duplicar el parque público de vivienda en alquiler, y movilizar unas 600 viviendas vacías para su destino a alquiler.
«IMPORTANTE» PARTICIPACIÓN EN SU ELABORACIÓN
La elaboración de este Plan ha contado con una «importante» participación, ha destacado Mazón, que ha indicado que el documento se presentó en el Observatorio de Vivienda, al igual que el decreto que regulará las ayudas que se incluyen en esta planificación.
Para el diseño del plan, que es «coherente» con el Plan Estatal de Vivienda y las directrices de la Unión Europea, se ha realizado un análisis demográfico, económico y financiero de la situación actual y en base a ello se han establecido los objetivos del mismo y los ejes estratégicos y las medidas concretas para alcanzarlos.
Los objetivos son incentivar el alquiler, mejorar la calidad del parque de vivienda, impulsar el crecimiento del parque público en alquiler, impulsar la movilización de vivienda vacía para su destino al alquiler, fomentar la fijación de población joven en el medio rural, potenciar las relaciones de la política de vivienda con el tercer sector, reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa, potenciar la coordinación con los agentes privados y contribuir a la reactivación del sector inmobiliario.
Para conseguir estos objetivos, Mazón ha ensalzado que el plan recoge seis ejes estratégicos que contemplan un total de 46 medidas. El primer eje se centra en la Emergencia Habitaciones e incluye medidas para mantener la oficina de emergencia habitacional, la elaboración de protocolos de actuación para atender a familias y personas en riesgo inminente de lanzamiento de su vivienda habitual, ayudas extraordinarias para familias en situación de emergencia habitacional, alquiler social de viviendas del parque público y ayudas para la erradicación del chabolismo.
El segundo eje recoge las ayudas y subvenciones, que se articulan en cinco programas diferenciados. Uno de ellos está centrado en el alquiler de viviendas (con ayudas para el pago del alquiler, ayudas a personas en riesgo de desahucio que alcanzarán el 80% de coste del alquiler y ayudas al arrendador) y otro en la rehabilitación de viviendas y edificios (ayudas a la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad, ayudas de conservación y mejora de la seguridad y para la elaboración de los informes de evaluación de los edificios).
El tercer programa aglutina las medidas para la regeneración y renovación urbana y rural (ayudas a entidades locales y a particulares, para urbanización y reurbanización de barrios, para el derribo y reconstrucción de nuevos edificios de viviendas, para el realojo de familias y para la contratación de equipos técnicos).
El cuarto programa es para la promoción de viviendas, con ayudas a las promociones para alquiler a 25 años y para mayores y personas con discapacidad, mientras que el quinto está centrado en fomentar población joven en el medio rural, contemplando ayudas para la adquisición de vivienda protegida en zonas rurales.
MEDIDAS FISCALES
El Plan de Vivienda dedica un eje estratégico a las medidas fiscales a aplicar sobre el IRPF, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En el IRPF habrá deducciones a inquilinos por alquiler de vivienda habitual y también para los arrendadores, así como para los propietarios que realicen obras de mejora en su vivienda habitual.
En el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, jóvenes, mayores, familias numerosas, compradores de viviendas de protección y personas con una minusvalía igual o superior al 30% se beneficiarán de una reducción del 5%, misma reducción que tendrán quienes realicen en sus viviendas obras de inmediata rehabilitación, y también habrá otra del 4% para personas con discapacidad superior al 65% por adquisición de vivienda habitual. En cuanto al AJD, habrá una bonificación del 99% para jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad y comprados de vivienda protegida.
En el impuesto de Sucesiones y Donaciones, habrá una bonificación del 100% por transmisión de vivienda en herencia por fallecimiento y del 99% por donación de vivienda habitual a descendientes, a cónyuge o pareja de hecho o por la donación a descendientes, cónyuge o pareja de hecho de los primeros 100.000 euros en dinero para la adquisición de vivienda habitual.
Estas medidas fiscales, principalmente las del impuesto de Sucesiones y Donaciones, mejorarán «sustancialmente» ya que el pacto alcanzado por los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, PRC y PSOE, con el partido Cs, contempla suprimir este impuesto, ha señalado Mazón que, no obstante, ha explicado que al ser una medida que aún no se ha aprobado en el Parlamento no está contemplada en el plan.
Otro de los ejes del Plan está encaminado a la ampliación del parque público de alquiler y, para ello, incluye la construcción de nuevas promociones de alquiler, la adquisición de viviendas para incluirlas en ese parque de alquiler, la rehabilitación de edificios de titularidad pública para destinarlos a alquiler, convenios de cesión de viviendas con entidades para incorporarlas al parque de alquiler o el mantenimiento integral de las viviendas de las parque público de alquiler.
Cuestionado por la construcción de nuevas promociones, Mazón ha recordado que Gesvican está construyendo una promoción de alquiler en Torrelavega y el Gobierno estudia construir otra más en la capital del Besaya, así como otras en Castro Urdiales, Reinosa y Noja, todas ellas destinadas al alquiler.
Otro de los ejes estratégicos de este Plan recoge la elaboración y adecuación de normativa, en concreto la Ley de Vivienda, el decreto de habitabilidad, el decreto de informe de evaluación de edificio, la obligación de realizar este último informe y la elaboración de un censo de viviendas sometidas al mismo.
Mientras que el último eje, de Estadística y Lucha contra el Fraude, contempla el mantenimiento del Observatorio de Vivienda y la elaboración de estadísticas de vivienda vacía y su representación gráfica en el mapa de la Comunidad Autónoma y de un plan regional de inspección de viviendas desocupadas.