El Gobierno de Cantabria aprobará antes del verano un proyecto de ley en materia de juego que tendrá como eje vertebrador las políticas de juego responsable y que pondrá el foco en la protección de los colectivos vulnerables, la lucha contra el fraude, la prevención de las conductas patológicas y la salvaguarda de los derechos de las personas usuarias en los juegos.
Esta ley, que actualizará la norma en vigor de 2006 y que ha quedado “obsoleta”, en palabras de la consejera de Presidencia, Paula Fernández, quiere responder a las nuevas sensibilidades sociales, “culminar” las políticas de juego responsable iniciadas hace más de tres años por el grupo de trabajo creado al efecto y extenderlas, además, a todos los ámbitos competenciales (educación, sanidad, etc.)
Así lo ha destacado hoy la titular de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, durante la presentación del anteproyecto de Ley del Juego de Cantabria, que saldrá, desde mañana y por un periodo de 20 días, a información pública para que entidades y la ciudadanía en general presenten sus sugerencias.
Hasta este momento y para la elaboración del anteproyecto de ley, la Consejería de Presidencia ha constituido un grupo de trabajo representativo de todos los sectores y ha finalizado un primer proceso de consulta pública, con el fin de asegurar un amplio proceso de participación. El texto normativo cuenta ya, según ha resaltado Fernández Viaña, con la unanimidad y el apoyo de sectores “dispares” en intereses ‘a priori’, como los centros de atención de la ludopatía y las empresas del sector.
Según ha señalado, se ha trabajado “con altura de miras” y se ha conseguido un “buen” texto normativo para Cantabria en materia de juego.
Ha informado que la política de juego responsable se edificará en un “doble cimiento” en esta ley, mediante el establecimiento de principios y limitaciones de la publicidad del juego, así como otras medidas de prevención del juego patológico, y, por otro lado, mediante una planificación adecuada de los establecimientos de juego.
En primer lugar, se contemplan una serie de principios a los que deberá someterse la publicidad del juego, como son la identificación de las comunicaciones comerciales y del anunciante, el principio de veracidad, el principio de juego seguro y, de especial relevancia, el principio de protección de menores de edad.
Según ha opinado la consejera, la futura ley pone de manifiesto la “estrecha relación” entre la presencia mediática y la frecuencia de juego en los adolescentes, así como del efecto de la publicidad en los medios de comunicación y la expansión de espacios de juego y, como ejemplo, ha adelantado que la norma prohibirá estos anuncios en transportes públicos.
Así, la norma autonómica contempla los requisitos necesarios que la publicidad ha de cumplir para una selección consciente de actividades de juego, así como la necesaria comunicación previa de cualquier actividad que suponga la realización de actividades publicitarias, promociones y comunicaciones comerciales.
Igualmente, se establecen, por primera vez, medidas de prevención del juego patológico, dirigidas a la población en general, y, en especial, a la protección de las personas usuarias, con especial interés, de nuevo, en la protección de los menores de edad y de las personas vulnerables a las conductas patológicas.
Las medidas de prevención y protección se extienden a todos los ámbitos de la sociedad, con iniciativas no sólo en materia de juego, sino también en el resto de sectores que pudieran resultar afectados: la sanidad (se contempla la creación de un centro integral de prevención e investigación y de unidades de tratamiento de conductas patológicas); la educación (con la implantación de protocolos para la detección precoz de las ludopatías y fomento del ocio alternativo para los adolescentes); la juventud; políticas municipales, así como entidades del tercer sector que traten problemas de adicción.
Se crea una Comisión Técnica de Coordinación y Seguimiento de las Medidas de Prevención, en la que tendrán cabida representantes de todos los sectores implicados, así como personas de reconocida competencia profesional o científica, cuando así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar.
Límites al crecimiento del sector
En lo que se refiere a la planificación, se contemplan medidas encaminadas a la promoción del juego responsable y se establecen límites cuantitativos en lo referido al número máximo de autorizaciones y establecimientos de juego, así como en la fijación de un régimen de distancias mínimas, entre los establecimientos entre sí, así como en relación con centros educativos y unidades de salud mental.
Se contempla, asimismo, la posibilidad de que los municipios, en base a sus respectivas competencias, puedan establecer restricciones adicionales, especialmente con el fin de proteger a menores y personas vulnerables frente a las conductas adictivas.
“El Gobierno habilita legalmente a los municipios para que puedan implantar medidas aún más restrictivas dependiendo de la situación del juego en su término municipal”, ha subrayado la consejera.
Respecto a los órganos competentes en materia de juego, se regula la Comisión de Juego de Cantabria, como órgano colegiado de carácter consultivo, encargado del estudio y asesoramiento en materia de juego.
La futura ley regula el servicio de admisión, que deberán tener todos los establecimientos de juego, así como el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego en Cantabria cuyo régimen jurídico, organización y funcionamiento se determinará reglamentariamente, debiendo coordinarse, en su caso, con el Registro General de Interdicciones de acceso al Juego, dependiente de la Administración General del Estado.
Por último, se regula nuevo régimen sancionador que, con el fin de preservar el espíritu de la ley, ofrece una protección “más intensa” a las personas menores de edad y colectivos especialmente vulnerables, ha destacado la consejera de Interior.
Como novedad, se establece el carácter finalista de la recaudación de las sanciones, de tal manera que su destino sea la investigación, prevención y asistencia al juego patológico. Asimismo, se recalifican los distintos tipos de infracciones, y se revisan las cuantías de las sanciones, estableciéndose un régimen sancionador acorde y proporcional con los objetivos planteados por la norma.
En materia de inspección, la directora general de Interior, Jezabel Morán, ha informado que el Gobierno de Cantabria prevé incrementar la plantilla de inspectores en el ámbito del juego y espectáculos públicos con 16 técnicos más para fortalecer esta función. De cualquier forma, la consejera de Presidencia ha destacado el amplio cumplimiento y el “rigor” entre el empresariado del juego en Cantabria en las distintas inspecciones realizadas por parte de la Administración autonómica y únicamente se tramita un expediente sancionador por la entrada de menores a locales de juego.
Cantabria, pionera en las medidas de juego responsable
La consejera ha recordado que Cantabria inició en 2018 las acciones para introducir políticas de juego responsable con el fin de reducir los riesgos para la salud y ajustar la oferta de salas de juego a la población, un balance que ha considerado positivo y en el que Cantabria ha sido “pionera” en algunas de las medidas, como el régimen de distancias entre locales de juego y centros escolares.
También ha citado la suspensión temporal de las autorizaciones de apertura de nuevos locales de juego y apuestas, mientras se tramite la nueva norma, con el objetivo de salvaguardar a los colectivos de especial protección, los menores y personas con ludopatías.
Ha resaltado el establecimiento de una caducidad de los estudios de viabilidad necesarios para la concesión de las posteriores licencias de apertura, que ha posibilitado que hayan decaído 11 nuevas licencias de salas de juego en Cantabria.
Por otro lado, ha resaltado la tramitación del decreto del servicio de admisión obligatorio, que impedirá el acceso a los locales de juego a los menores y a las personas que están inscritas en el registro de interdicciones, y ha recordado la aplicación efectiva, desde el pasado 1 de enero de 2020, de la distancia mínima de 500 metros a los centros escolares y de atención a las ludopatías –una de las distancias más restrictivas del país- y entre los propios locales de juego, casas de apuestas, bingos y casinos.
Este régimen de distancias, además de impulsar la protección de los colectivos más vulnerables, constituye una medida de planificación adicional para evitar una proliferación excesiva de establecimientos.