El comité de empresa de Parques y Jardines de Santander ha pedido que se saque un nuevo pliego de condiciones para la adjudicación del contrato, y ha reiterado que la propuesta de la UTE Imesapi-Copsesa-La Encina no garantiza «los derechos laborales sin despidos, el pago puntual de nóminas a finales de cada mes y unos parques y jardines de calidad».
El comité de empresa ha valorado en un comunicado la rueda de prensa ofrecida esta semana por la alcaldesa, Gema Igual, sobre las posibles irregularidades detectadas por la Intervención General en el Servicio de Parques y Jardines desde 2012 a 2018, por las que el Ayuntamiento ha abierto un expediente al funcionario que actúa como jefe del servicio, al que ha apartado del mismo como medida cautelar, y otro sancionador a la empresa adjudicataria en dicho periodo, la UTE Urbaser-Contratas Piñera.
Igual anunció en esa comparecencia que el nuevo contrato de Parques y Jardines se adjudicará en dos meses, dado que Intervención recomienda que se lleve a cabo pues actualmente Urbaser-Piñera se ocupa del mismo sin soporte contractual y una vez que ha constatado la «legalidad» de la oferta de la UTE Impesapi-La Encina-Copsesa puesto que «sí tiene dinero para pagar a los trabajadores y las subidas salariales de cuatro años», ha indicado la alcaldesa.
Los representantes de los trabajadores censuran en primer lugar que se han enterado por los medios pese a que la alcaldesa se comprometió a informar al comité «de primera mano de todos los avances e incidencias que pudieran darse en el servicio y que pudiera afectar al contrato y al futuro de la nueva adjudicación».
«Asistimos a un déjà vu justo un año después«, afirma el comité, quien critica que se anuncie ahora la adjudicación del contrato en dos meses «sin esperar a la contestación del órgano consultivo» después de 10 meses, cuando en su momento aseguraron que no se iba a tomar ninguna decisión» sin la respuesta de dicho órgano.
El comité subraya que en los datos nominativos que se sacan de los TCs, que son públicos, se ve claramente que no da la cantidad por la que oferta la UTE para hacerse con el contrato. «Lo gracioso es que las cuentas son de 2017 cuando se hizo el pliego y desde entonces, la masa salarial se ha incrementado por las subidas del convenio colectivo, en unos 500.000 euros que no se contemplaron en el estudio», señala.
Sobre las «irregularidades fundadas en falta de documentación o argumentos en cada factura girada al mes», el comité de empresa señala que «dan la sensación ante la opinión pública de cambalache», «sin que según la empresa, haya tenido constancia de tal petición o apertura de expediente en esos seis años a los que se refiere el estudio de intervención», lo que el comité tilda de «despropósito a todas luces».
«Parece dar la impresión que necesitaban una justificación de cualquier manera», sostiene el comité, a la vez que puntualzia que las facturas «han pasado también por varias firmas políticas y parece ser que no hay responsabilidad».
En todo caso, considera que debería primero tramitarse un expediente en el que la empresa pueda defenderse, «y no convocar una rueda de empresa para restarle credibilidad y crear una impresión de corrupción», a lo que apostilla que «son cosas entre empresa y administración».
En lo referente al personal, el comité explica que ha habido las variaciones que siempre existen en cualquier servicio por decesos, jubilaciones, excedencias, etc.
En cuanto a los medios mecánicos, asegura que hay incluso más de lo previsto en el pliego y con la antigüedad hasta donde se terminaba el contrato de cinco años, y las mejoras según se argumenta han sido las señaladas y algunas cambiadas por igual inversión por el personal autorizado por el Ayuntamiento de Santander.
«Eso sí, no habla de los 250.000 m2 que se hacen de más del pliego sin aumento de personal, medios y dotación económica», censura el comité, quien añade que «para más inri, no dice nada (la alcaldesa) de que se han retenido por parte del Ayuntamiento las últimas siete facturas por orden de casi cinco millones de euros que han generado casi 200.000 euros en intereses».
El comité anuncia que los trabajadores van a concentrarse de nuevo el próximo mes para seguir reivindicando que no se adjudique este servicio público a empresas que «pongan en peligro puestos de trabajo, eliminación o rebaja de derechos laborales adquiridos y cobro puntual de las nóminas, aparte de unos Parques y Jardines de Santander dignos de los impuestos que pagan los ciudadanos».