23/11/2024

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“El aprobado general o la promoción de curso con suspensos, va en contra de la cultura del esfuerzo»

El Grupo Parlamentario de Vox en Cantabria ha presentado una interpelación en la Cámara por la que cuestionarán a la Consejera de Educación, Marina Lombo, sobre el criterio del Gobierno para que un alumno promocione de curso en ESO o Bachiller con asignaturas suspensas.

El pasado 29 de septiembre, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó un Decreto el que establece que serán las Comunidades Autónomas las que decidan si los alumnos promocionan o no de curso en caso de tener asignaturas suspensas, lo que genera una “discriminación absoluta” entre alumnos de diferentes Comunidades.

Vox quiere conocer el criterio que se va a aplicar en Cantabria y si “mantendrá”, como hizo el pasado curso la “excepcionalidad” en la repetición de curso y la “flexibilización” en los criterios de evaluación.

Para Cristóbal Palacio, Portavoz de Vox, “los criterios de promoción de curso deben ser comunes para todas las Comunidades Autónomas” y se debe respetar “lo que marca la Ley de Educación” sobre el número de asignaturas suspensas que impiden pasar de curso y no “vulnerar el principio de igualdad de oportunidades del alumnado”.

“El aprobado general o la promoción de curso con suspensos, va en contra de la cultura del esfuerzo y es una barra libre al fracaso escolar”, declara Palacio. “Si enseñamos a nuestros hijos que pueden conseguir un título estudiando poco y esforzándose lo mínimo, nos estaremos cargando el sistema educativo”.

Para Palacio, “está claro que la educación debe primar las competencias y no la memorística, que debemos basarnos en el aprendizaje de habilidades” pero eso no quita que “flexibilicemos el aprobado y la promoción”.

Según Vox, “es vergonzoso que mantengamos un sistema educativo ineficaz e intentemos taparlo con parches de aprobados para maquillar los resultados académicos”.

“Confiamos en los docentes, en sus criterios y en su autonomía”, insiste Palacio, “pero no podemos tolerar una confusión normativa, una inseguridad jurídica y dejar en manos de las comunidades los criterios para otorgar un título que es expedido por el Estado”.

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