Evitar intermediaciones y por tanto ahorrar tiempo y dinero; en el lenguaje del sector público, reducir burocracia, ganar en eficacia, aumentar la transparencia y luchar contra la corrupción. Las tecnologías DLT (Distributed Ledger Technology), con Blockchain como bandera más conocida, vienen al rescate de personas, empresas y administraciones en un mundo en creciente digitalización e interconexión, donde la confianza es un valor al alza.
El proyecto H2020 TOKEN (Transformative Impact Of BlocKchain tEchnologies iN Public Services), en el que participan la Universidad de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander junto a socios de otros siete países europeos, estudia el alcance de la aplicación de estas tecnologías a los servicios públicos. “Estamos analizando su impacto transformador en cuatro grandes experimentos pioneros”, explica el catedrático Daniel Díaz Fuentes, director del Grupo de Economía Aplicada Internacional y Política Económica de la UC. “En todos los casos estamos hablando de Blockchain pero los diferentes usos presentan sus propias características específicas”.
Desde el pasado mes de enero y hasta finales de 2022, se experimentará en cuatro casos piloto: logística urbana en una región de Lovaina (Bélgica), concesión de ayudas y becas europeas (Unión Europea), contratación pública y participación ciudadana en Katerini (Grecia) y valorización de datos en Santander.
El Grupo del Departamento de Economía dirigido por la catedrática Judith Clifton trabaja codo con codo con el Grupo de Ingeniería Telemática de la UC encabezado por el catedrático Luis Muñoz, así como con un equipo del Ayuntamiento de Santander a cargo del doctor en ingeniería Juan Echevarría. En el proyecto piloto para la ciudad de Santander, este trípode socioeconómico, tecnológico y administrativo pretende utilizar los datos de un ecosistema de sensores y otros dispositivos del “Internet of Things” –gestión de residuos, contaminación, transporte urbano y tráfico- basadas en DLT y Blockchain para abordar un enfoque de gobierno abierto y colaborativo.
Confianza y trazabilidad
En definitiva, se trata de dar servicios que creen valor gracias a una tecnología que permite registrar, compartir y sincronizar transacciones y datos entre múltiples usuarios y en múltiples ubicaciones, creando un entorno descentralizado en el que la información circula pero está protegida y, a la vez, es transparente. La aplicación más conocida es la de “bitcoin”, la moneda virtual o criptomoneda basada en esa “cadena de bloques”, pero las posibilidades son muy diversas y en el caso de las administraciones públicas, puede facilitar la interacción ciudadanos-gobierno.
Los beneficios son numerosos, enumera Díaz Fuentes: “aumentan la confianza y la transparencia a la hora de pedir una ayuda o beca europea, por ejemplo; en el caso de la logística de la cadena de alimentos hasta los consumidores, ofrece una trazabilidad para saber quién lo envía, quién lo ha tocado, por quién ha pasado y en qué condiciones”. Preocupan temas como la proximidad y sostenibilidad de las compras, pero sobre todo hoy en día el origen y posible contaminación de los productos, “cuestiones clave que nos hacen repensarlo todo”. Según el investigador, “Blockchain permite que todo el mecanismo de intermediación se reduzca, se haga transparente y no se pueda manipular, lo que da ventajas a los grupos más vulnerables como gente mayor o que no puede acceder a esta información de otra forma”.
Beneficios frente a resistencias
Actualmente, el equipo de TOKEN está trabajando con los empleados y gestores públicos, midiendo cuál es su percepción de cómo reacciona la administración ante estas aplicaciones y también la experiencia de los ciudadanos como usuarios finales. Los investigadores encuentran que “los gestores públicos tienen resistencias, pero también son capaces de ver los potenciales beneficios: reducir la intermediación y la burocracia, mejorar la coordinación, confiar más en la información disponible y que el ciudadano pueda ser activo, exigiendo más calidad en los servicios públicos”, explica Díaz Fuentes. El reto en este escenario es la readaptación de las administraciones públicas, que tendrán que contar con personal cualificado para el manejo de las tecnologías basadas en Blockchain.
Los experimentos que se están llevando a cabo implican a los diez socios del proyecto, entre los que figuran institutos, fundaciones, consorcios, ayuntamientos y empresas tecnológicas de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Luxemburgo y Polonia, todos ellos con interés en que esta investigación experimental que está “en la frontera del conocimiento” se aplique y transfiera adecuadamente a la sociedad.
El interés por el tema crece exponencialmente y seguirá haciéndolo, apunta Daniel Díaz Fuentes: “en tres años, el número de artículos científicos sobre Blockchain ha pasado de 2 y 10 en 2013 y 2014 a más de 5.700 en 2019”. TOKEN, con un presupuesto total de 3,87 millones de euros, contribuirá a que toda esta literatura especializada se transforme en aplicaciones al servicio de los ciudadanos.
Imagen: Daniel Díaz Fuentes y Judith Clifton, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UC.