El juicio con jurado al exdirector de Cantur Diego Higuera, por un delito continuado de malversación de caudales públicos, se celebrará en la Sección Primera de la Audiencia provincial la próxima semana, del 4 al 8 de marzo. Tanto la Fiscalía como Cantur, que ejerce la acusación particular, le acusan de cargar indebidamente a la empresa pública gastos personales de todo tipo por importe de más de 132.000 euros.
La Fiscalía, que considera que concurre la atenuante de dilaciones indebidas, ha solicitado siete años de prisión y 20 de inhabilitación absoluta, mientras que la empresa pública pide seis años de cárcel, 16 de inhabilitación, y al igual que la Fiscalía, una indemnización para Cantur por el importe de la cantidad sustraída, 132.535 euros.
El juicio comenzará el lunes a las 9.30 horas con el interrogatorio del acusado, y está previsto que se desarrolle hasta el viernes.
A finales de junio del año pasado, el caso de Diego Higuera volvió a la actualidad política e incluso motivó varias propuestas de resolución en el Debate sobre el Estado de la Región, aprobadas por unanimidad, para impedir posibles acuerdos de conformidad que permitieran al exdirector de Cantur eludir la pena de prisión.
Diego Higuera fue nombrado director de Cantur por el PRC en septiembre de 2003 –siendo consejero de Turismo Javier López Marcano–, cargo en el que estuvo durante los dos primeros gobiernos de coalición PRC-PSOE, hasta agosto de 2011.
Según el ministerio público, el acusado cargó indebidamente la citada cantidad en gastos «proporcionándose un alto nivel de vida y haciendo suyo el dinero público de todos los cántabros, pues lo usó para caprichos o lujos de carácter privado«.
Según un informe pericial, de los 132.535 euros, 18.447 euros lo fueron en combustible fuera de convenio, 3.723 en gastos particulares, 43.009 en comidas sin relación de comensales y 8.173 euros en gastos diversos sin justificante. Junto a ello, gastó 31.557 euros en restaurantes en días festivos o fines de semana.
El acusado realizó los pagos con una tarjeta de crédito titularidad de CANTUR desde su nombramiento en 2004 hasta abril de 2009, cuando el consejero de Turismo ordenó que se le retirara la tarjeta.
Desde esa fecha hasta su cese en agosto de 2011, dio orden al departamento de administración de CANTUR de que se le ingresara dinero regularmente a una cuenta personal, con el fin de pagar con su propia tarjeta de crédito.
El auto de apertura de juicio oral detallaba gastos por más de 87.000 euros en comidas y cenas en «restaurantes de nivel», y de éstos, 45.595 «sin identificar comensales, ni empresa a la que pertenecían ni la razón de las mismas». Y 31.557 en fines de semana o días festivos, sin justificación empresarial y, principalmente, en restaurantes de Valladolid y provincia, donde tenía una segunda residencia».
Además de los 87.000 euros en comidas y cenas, cargó a Cantur toda una serie de gastos personales como gasolina para su vehículo particular –el de empresa que tenía a su disposición era de gasóleo–; cambio de ruedas y multas de tráfico de vehículos ajenos a Cantur; ropa, tintorería, tabaco, revistas, anchoas, bonito y orujo.
La Audiencia provincial confirmó en julio del año pasado el auto que puso fin a la instrucción y acordó la incoación de jurado, dictado en enero de 2016 por el magistrado Miguel Angel Agüero, titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Santander.
La Audiencia desestimó todos los motivos que alegó la defensa de Higuera en su recurso de apelación. Así, ratificó su condición de funcionario público y la naturaleza también pública de los caudales que manejaba al frente de Cantur (Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística).
Y añadió que «las diligencias practicadas, en particular la pericial aportada por Cantur, y que tiene su soporte en las facturas que obran en el procedimiento, pone de manifiesto con carácter indiciario que el investigado pudo destinar a finales particulares caudales públicos a los que tenía acceso por su cargo».
PENDIENTE OTRO JUICIO POR PREVARICACIÓN
Higuera también tiene pendiente otro juicio por prevaricación administrativa, que se ha suspendido ya tres veces. En este caso se le imputa el fraccionamiento de contratos de Cantur en favor de la empresa Conurca para eludir la publicidad y concurrencia propia de los procedimientos administrativos de contratación.
En este procedimiento la Fiscalía ha solicitado 10 años de inhabilitación para el exdirector de Cantur, y la misma pena para Pablo Sámano, exgerente del Consorcio de Museos y administrador de la empresa Conurca, pese a que considera al primero autor y al segundo como cooperador necesario.
Ambos procedimientos se iniciaron a raíz de la denuncia que presentó la Fiscalía tras recibir del Parlamento las conclusiones de la comisión de investigación impulsada por el PP la pasada legislatura sobre la gestión de Cantur y el Racing durante el anterior mandato de la coalición PRC-PSOE, que en 2015 retornó al Gobierno.
Higuera fue absuelto de la acusación de prevaricación en la construcción de la Casa de los Gorilas de Cabárceno junto al entonces consejero de Turismo y diputado regionalista, Javier López Marcano.