Izquierda Unida y Unidas Podemos han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra las personas e instituciones que considera responsables de la recientemente aprobada Operación Chamartín o Madrid Norte, rebautizada como Madrid Nuevo Norte. Lo ha adelantado el periódico digital eldiario.es, siendo los firmantes -las diputadas de la Asamblea de Madrid Sol Sánchez e Isabel Serra y el responsable de Economía de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato– solicitan al Ministerio Fiscal que investigue por posible “prevaricación administrativa, cohecho y malversación de caudales públicos” a 28 responsables políticos y empresariales que han adoptado decisiones relacionadas con el proyecto urbanístico aprobado el lunes por mayoría absoluta en el Pleno del Ayuntamiento capitalino.
Tal y como criticaron estas formaciones en campaña, las principales sospechas se ciernen sobre el incumplimiento de los artículos 404, 419 y 432 del Código Penal, así como cualquier otro delito que aparezca en el transcurso de la investigación”. Todo ello con un quebranto estimado de 2.780 millones de euros de dinero público.
Entre los cargos que han sido objeto de la denuncia aparecen ministros, políticos municipales, expresidentes regionales, banqueros y dirigentes de Adif, entre otros. En la lista destacan ocho titulares de Fomento –de Borrell a Ábalos, pasando por Ana Pastor o Íñigo De la Serna–, dos presidentes de la Comunidad Autónoma de Madrid –Aguirre y González–, dos alcaldes de Madrid –Gallardón y Botella–, una concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, cuatro presidentes y dos directores generales de Renfe, cinco presidentes de Adif, un presidente de la empresa pública Canal de Isabel II, el expresidente del BBVA Francisco González y dos presidentes de la empresa privada DUCH-DCN.
A punto estuvo de entrar en la lista la exalcaldesa Manuela Carmena, con cuya plataforma -Más Madrid- rompieron los denunciantes y exsocios de Gobierno municipal. Sin embargo el hecho de que la aprobación final del proyecto se retrasara hasta la legislatura recién estrenada le ha librado a la exjueza de verse implicada. Al menos por ahora, ya que “no descartan una posterior ampliación de la misma cuando se conozcan los detalles de los convenios urbanísticos que pudieran haber beneficiado a Distrito Castellana Norte”.
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