La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido al Gobierno de Cantabria que reaccione y habilite ya un programa de ayudas y bonificaciones fiscales a la conciliación para familias con hijos menores de 14 años y personas dependientes a su cargo porque, si no lo hace, estará expulsando a miles de mujeres del mercado laboral.
Buruaga ha advertido del problema que está suponiendo la vuelta al trabajo para miles de familias de Cantabria con hijos menores o personas dependientes y con discapacidad a su cargo, miles de personas que se tienen que incorporar a su trabajo y que tienen que dejar en casa a sus hijos menores y a familiares que necesitan cuidados que no pueden recibir fuera porque el sistema de dependencia se ha paralizado y los centros de servicios sociales continúan cerrados. “Ya es hora de que el Gobierno de Revilla empiece a pensar y se ocupe de ellas”, ha dicho.
La dirigente popular ha recordado que son las mujeres las primeras que se apean del mercado laboral, que aparcan sus negocios o que piden reducciones de jornada cuando la conciliación es imposible, lo que supone que, una vez más, son ellas las que están siendo doblemente castigadas por la crisis.
Por eso, ha pedido al Gobierno de Revilla que no les dé la espalda, que reaccione con urgencia y arbitre una línea de ayudas para evitar que miles de trabajadoras autónomas y por cuenta ajena sean expulsadas del mercado laboral de Cantabria.
Para ello, ha propuesto poner en marcha un plan de desescalada que permita la reapertura de los centros infantiles y guarderías de 0 a 3 años y ha pedido un paquete de ayudas económicas y bonificaciones fiscales para que la vuelta al trabajo por cuenta propia o ajena no sea un problema añadido a la desescalada.
Así, ha reclamado bonificaciones fiscales a las empresas que fomenten el teletrabajo y flexibilicen horarios y para la contratación de cuidadores por familias con hijos menores de 14 años y personas en situación de dependientes o con discapacidad a su cargo, cuando los dos progenitores tengan que incorporarse a su puesto de trabajo de manera presencial.
Además, ha pedido ayudas para quienes tengan que acogerse a una reducción de jornada y para las familias que contraten a estudiantes universitarios cántabros que tenían la obligación de realizar durante este segundo trimestre prácticas en centros educativos o de servicios sociales.