El Juzgado de primera instancia e instrucción nº 6 de Santander ha estimado la demanda del alcalde de Astillero, Francisco Ortiz, contra el exportavoz municipal de Izquierda Unida, Raúl Magni, por difamación en unas publicaciones de Facebook, y ha condenado al exconcejal a pagar al regidor una indemnización de 1.500 euros por intromisión en el derecho al honor, frente a los 6.000 que solicitó Ortiz.
La magistrada Laura Cuevas concluye que algunas de las afirmaciones que vertió Magni en su muro de Facebook en enero de este año –cuando ya no era concejal– «exceden de la mera opinión» y suponen «una acusación de conductas que pueden llegar a ser constitutivas de delito», como la de «colocar a dedo a personas con el fin de que se lucren a escondidas con el dinero público» o que trata con malas formas e incluso insulta y amenaza «a las personas que no le lamen el culo».
Para la jueza, tales acusaciones «suponen difamación», por tratarse de afirmaciones que «exceden a todas luces de la crítica y de meros insultos que, por su cargo, vendría obligado a soportar» el alcalde -y diputado regional del PRC-.
«Desde luego, menoscaban su prestigio y reputación personal y como político, provocándose objetivamente su descrédito frente a la opinión pública», señala la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.
La magistrada recuerda que «contratar sin respetar el procedimiento legal a determinadas personas para favorecer que se lucren ilegalmente, puede suponer la comisión de un delito de prevaricación o de malversación de caudales, y las amenazas e insultos también pueden ser constitutivas de infracción penal».
Sin embargo, considera «excesiva» la indemnización solicitada por el alcalde, y la reduce a 1.500 euros, cantidad que entiende «ajustada a la poca difusión que tuvieron los comentarios» de Magni.
La sentencia, que se puede recurrir, condena también al exportavoz de IU a «cesar en la intromisión ilegítima», a publicar el fallo en Facebook y al pago de las costas.
En el juicio, que se celebró el pasado 1 de octubre, la fiscal interesó la estimación de la demanda del alcalde, representado por la abogada Maite Ortíz, y propuso una indemnización de 1.000 euros.
La demanda aludía a tres publicaciones de Magni en Facebook el pasado mes de enero, coincidiendo con la polémica por el proyecto de semipeatonalización de la calle Francisco Díaz Pimienta, y cuando ya no era concejal (renunció por motivos personales un año antes, en enero de 2017) ni estaba vinculado ya a Izquierda Unida.
En ellas acusa al alcalde de aprobar obras «por sus santos cojones»; de colocar a personas «a dedo»; tratar a los trabajadores municipales «con total desprecio» e incluso «insultar y amenazar a las personas que no le lamen el culo». Además, le llamaba «cacique» y «mala persona».