La Asociación de Empresarios de Campings de Cantabria ha denunciado ante la Dirección General de Turismo una serie de páginas web que anuncian áreas ilegales de autocaravanas.
Además, y para dar solución a la problemática que el autocaravanismo sin control, y con ausencia de regulación específica, lleva creando desde hace años, ofrece a los ayuntamientos de la región un decálogo de buenas prácticas que han elaborado junto a la Federación Española de Empresarios de Campings.
Para el presidente de la Asociación de Empresarios de Campings de Cantabria, Pablo Alonso, «ha quedado demostrado en incontables ocasiones» que la premisa de la que parten los clubs de autocaravanistas que dicen que crear infraestructuras específicas para autocaravanas generará riqueza en el municipio es «falsa», a su juicio.
Alonso ha manifestado que «al igual que en cualquier actividad económica debe encontrarse un equilibrio entre el coste de lo ofertado y el precio a pagar». Por ello, ha continuado, «la realidad nos dice que a más volumen de visitantes, más recursos se consumen y más problemas se generan» y esto debe llevar aparejado un «retorno económico» para la comunidad.
El representante de Campings de Cantabria ha recalcado que «la presión y argumentación de estas organizaciones y la falta de regulación» a nivel regional, ha llevado a los ayuntamientos a tomar la decisión de crear áreas de autocaravanas «aceptando la pernocta y en el mayor de los casos a coste cero».
Por este motivo, han considerado oportuno ofrecer un decálogo en el que, entre otras cosas, se deja patente que las áreas de autocaravanas que permiten la pernoctación «son establecimientos turísticos que deben cumplir los mismos requisitos que el resto de empresas de hostelería y el resto de requisitos exigidos a cualquier implantación de actividad clasificada».
Asimismo el decálogo deja constancia de que «el estacionamiento de un vehículo vivienda con la finalidad de pernoctar y por tanto de ser utilizado como alojamiento es, sin ningún lugar a duda, una actividad turística».
Las actividades turísticas en España están reguladas por las comunidades autónomas pero «la autorización para desarrollarlas» y «el uso del suelo donde deben desarrollarse es competencia de la Administración Local», ha subrayado.
De esta forma, ha sostenido que «si un ayuntamiento permite, fomenta o crea una infraestructura con una finalidad turística de pernoctación sin cumplir la regulación pertinente y/o en un suelo cuyo uso no esté destinado a dicha actividad, estará claramente incumpliendo la ley y podrá ser responsable de lo que allí ocurra».
Por último, han insistido en «la inseguridad» que genera tener un establecimiento turístico «no legalizado en el que no se cumple con el registro de viajeros, ni con la seguridad pertinente» que sí cumplen los establecimientos regulados.