El Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación seguida contra el exgerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Julián Pérez Gil, al no considerar acreditado el fraccionamiento de contratos en las obras del Hospital Virtual Valdecilla que se le imputaba, aunque el proceso continúa para los otros tres investigados.
El auto, dictado por la magistrada Mercedes Compostizo, señala que las diligencias practicadas impiden «tener por debidamente acreditado» la perpetración de dicho hecho delictivo.
La Fiscalía vio indicios de delito en la actuación del exgerente y el exdirector de Gestión Económica, Javier González, en el caso de los contratos menores adjudicados a las empresas Serincopsa, Gardenor e Iralia para las obras de ampliación del Hospital Virtual al ver «una clara finalidad de eludir el sistema de contratación y el acceso en condiciones de igualdad».
Sin embargo, el Juzgado de Instrucción no ve acreditado el delito ya que, según explica, el Hospital Virtual alberga unidades y servicios diferentes dependientes de varias administraciones.
Así, en la planta baja se encuentra el Instituto de Medicina Legal, que depende la Consejería de Presidencia, mientras que la segunda depende «totalmente» del Hospital Marqués de Valdecilla, «no constando, según la Intervención General, la existencia de regulación relativa a la distribución del gasto entre las distintas administraciones«.
Ello determina, según consta en el auto, que al tratarse de obras en un edificio que afectan a distintos órganos», tramitadas por el Servicio Cántabro de Salud, y que afectan también a una empresa pública, «no pueda estimarse fundadamente si ha existido fraccionamiento del objeto del contrato o no».
Por este motivo archiva las actuaciones «única y exclusivamente» en lo relativo a estos contratos, que, además, destaca, «no fueron firmados» por Pérez Gil, sino por su sustituto, y no considera necesaria la práctica de nuevas diligencias de investigación que «prolongarían indebidamente en el tiempo» la instrucción de dichos hechos y la imputación por los mismos del exgerente y del exdirector de Gestión Económica.
Sin embargo, el proceso continúa para este último y los otros dos incestigados: el exgerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo, y el asesor extermo Alvaro Sáenz de Viteri, por otros hechos que, según la denuncia, podrían suponer delitos de prevaricación administrativa, fraude y/o malversación de caudales públicos malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y usurpación de funciones en las contrataciones realizadas por el SCS.