España atraviesa la más importante crisis del siglo XXI, el CORONAVIRUS y las decisiones gubernamentales han colocado a la Nación en una situación más allá de lo preocupante.
Además de los miles de muertos que algunas fuentes acercan a los cincuenta mil y las verguenzas de un sistema estatal de salud colapsado en cuanto tuvo que atender a algunos más de los habituales, también la economía hizo crack. El INE y el Banco de España ya avanzaron unas estimaciones bastante negativas que se han visto superadas por el baño de agua helada que supone una contracción del PIB por encima del dieciocho por ciento, superior en ocho puntos al descenso experimentado por Alemania, en cinco al descenso de Francia e incluso superando en seis puntos porcentuales al de Italia. Esta situación se vuelve infernal con los datos del paro del mes de julio en donde se ha destruido un millón de empleos y con los ERTES amenazando a la vuelta de septiembre.
Con esta situación el Gobierno necesita imperiosamente dinero, no solamente para poder afrontar los ERTES, sino también para mantener la Nación en pie.
La primera solicitud de ayuda del Gobierno se dirigió a la Unión Europea requiriéndoles para que crearan un fondo de 1,5 billones de euros en transferencias, así, en crudo, sin anestesia. Los Países de la UE respetuosos con el dinero de sus contribuyentes no atendieron tan disparatada pretensión y lo que han hecho ha sido habilitar el «Fondo de la Europeo de Reconstrucción» por importe de 750.000 millones de euros (que es muchísimo dinero) con una parte destinada a créditos y otra a transferencias.
Esta que es una buena noticia para la situación española se acompaña de una serie de condiciones, no será una borrachera de dinero para subvencionar ocurrencias ni pastorear amigos, el dinero estará condicionado y además los Países de la Unión se han dotado de una medida precautoria el «Freno de emergencia» para evitar la utilización inadecuada de dichos fondos.
Además existen otras directrices que los Países que ponen el dinero han plantado sobre el tablero de la política española para enderezar la situación y no sea eternamente el enfermo de Europa.
Otra cosa que han dejado clara los prestatarios es que no le deben nada a España y no tienen ninguna obligación, que lo suyo es una decisión política para no desestabilizar ni al euro ni a la Unión, imponiendo unas medidas que son un baño de realidad que no consentirá políticas gamberras.
Entre las condiciones que la actual situación impone se encuentra la presentación de un «Plan Nacional de Recuperación» que concrete actuaciones, importe, plazos. También el Plan debe reflejar las recomendaciones de la UE a cada País.
La recomendación básica inicial de la Unión Europea tiene como objetivo el gasto público, se quiere acabar con el gasto pícnico causante originario de todos los problemas, además de implantar nuevas metodologías para mejorar la eficiencia del estado, que en España tiene hábitos de pluma y manguito en algunas figuras impositivas, en donde el gasto estructural para recaudar un euro asciende a 1,47 €.
El mercado de trabajo es otra área que la UE ha situado como objetivo de mejora con directrices muy claras en cuanto a la flexibilidad laboral y mejora en las política activas de empleo.
Las pensiones forman parte de las condiciones, la jubilación para incluso más allá de los 67 años no es algo a descartar, lo mismo que sufrirán los actuales pensionistas parte del ajuste requerido para la Seguridad Social.
Incrementar el IVA es también algo recurrente por parte de las UE, que coincide además con las tomas de posición del FMI y del Banco de España. Los tipos de IVA reducido y super reducido se aplican en amplio número de productos que los países prestatarios entienden deben ser del tipo normal, pues argumentar que el impuesto medio sobre consumo en España es del 9,4 % mientras que en el resto de la UE ronda el 16 %.
La Unión Europea es la decisión política que creó un espacio abierto para personas, capitales y mercancías, en definitiva : La Libertad. Casa mal con este acervo comunitario los diecisiete mercados interiores que tiene España, por lo tanto da la impresión que esta petición del mercado único tendrá que eliminar en unos casos y homogeneizar en otros tanta normativa que produce mermas de libertad, distorsiones en el mercado e ineficiencia económica.
Además de estas hay otras cuestiones que crean desconfianza a los socios de la Unión, España no es un País amable para los negocios, es un auténtico infierno de normativas y restricciones a la competencia, en donde la inversión empresarial requiere seguridad jurídica, certidumbre política y que las AA.PP no estorben.
Estas son algunas de las reorientaciones que deberá acometer el Gobierno para acompasar sus necesidades a la llegada de los dineros europeos. Nada que pueda sorprender, a fin de cuentas nada es gratis.
Autor: Alfonso del Amo-Benaite. Consultor de Mercados & Marketing.