La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha dado a conocer hoy, en rueda de prensa, la «agenda de reivindicaciones» al Gobierno de España que espera poder trasladar personalmente al presidente Pedro Sánchez en una reunión formal solicitada ya por carta, unas peticiones que espera sean también «refrendadas mayoritariamente» por el Parlamento y por el conjunto de ayuntamientos y parlamentarios nacionales. «Es una agenda amplia y urgente, resultado de años de incumplimientos y de abandono, que quiero que defendamos entre todos», ha señalado.
Se trata de nueve infraestructuras viarias y ferroviarias para «acabar con la situación de desventaja» y el «aislamiento» de Cantabria, y «competir en pie de igualdad» con el resto de comunidades autónomas, inversiones pendientes en la Comunidad Autónoma cuantificadas por el Gobierno regional en al menos 6.900 millones.
Igualmente, Cantabria reivindicará otras inversiones «estratégicas» -como La Pasiega y el MUPAC-; cambios en la política energética para respaldar a la industria; excluir al lobo del listado de especies protegidas; soluciones a los afectados por la Ley de Costas; impulsar el autogobierno con nuevas transferencias, e impedir las desigualdades financieras entre autonomías.
«Los cántabros no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Y yo no voy a consentir que un cántabro sea menos que un catalán; merecemos lo mismo», ha aseverado Buruaga, quien ha añadido que su obligación como presidenta de Cantabria es «defender la igualdad de los cántabros siempre y en cualquier circunstancia y no permitir que se nos relegue o arrincone; Cantabria no pagará los platos rotos de la investidura de Sánchez, me resistiré a ello con todas las fuerzas», ha señalado. De esta forma, la presidenta espera poder «defender la igualdad de los cántabros» con «seriedad, diálogo y por la vía institucional» al tiempo que con «firmeza y contundencia», una interlocución que, tal y como ha explicado Buruaga, ha sido «imposible a nivel político» al topar con «un muro».
La presidenta ha expresado su confianza en que, una vez nombrado el Consejo de Ministros, pueda poner sobre la mesa las «necesidades, reivindicaciones y deudas pendientes con Cantabria», que se sustancian en una agenda reivindicativa consecuencia de «años de abandono» del Gobierno Central y del fracaso de las reivindicaciones de la coalición PRC-PSOE en un «papeluco» que resultó un «fiasco».
Factura pendiente con Cantabria
Y es que, como ha manifestado, Cantabria se enfrenta a déficits y amenazas como el «aislamiento en materia de infraestructuras viarias y ferroviarias» en juego, por valor de más de 6.900 millones de euros, que lastran la competitividad y el desarrollo económico; el desamparo de la industria por una política energética e industrial que «mantiene en vilo» a las principales empresas de Cantabria por el alto coste de la energía; la amenaza para la ganadería extensiva y para el mundo rural de la inclusión del lobo en el Lespre y el deterioro de la «seguridad jurídica», que amenaza el impulso de la economía.
Buruaga ha detallado la «factura pendiente» con Cantabria del Gobierno central, que solo en déficit de infraestructuras se eleva a 6.900 millones, correspondientes a once actuaciones. «Miles de millones en actuaciones escondidas en un cajón acumulando polvo, pendientes de licitar desde 2018 o, en el mejor de los casos, sufriendo unos injustificables retrasos», ha denunciado la presidenta.
Concretamente, ha citado los 1.257 millones del Plan de Cercanías; 1.600 millones del AVE a Reinosa y duplicación de vías; entre 2.500 y 3.200 millones contemplados en las seis alternativas del tren a Bilbao; 240 millones del tercer carril entre Laredo y Vizcaya; 108 millones de la Carretera Burgos- Aguilar; 109 millones del nudo de Torrelavega (Sierrapando-Barreda); 78,3 millones del proyecto de reforma integral del Desfiladero de la Hermida; 203 millones del tercer carril entre Polanco y Bezana; 29 millones para Los Tornos; 36 millones de Lanestosa y 38,5 millones de la Variante de Potes.
Además, tal y como ha señalado Buruaga, a esto hay que sumar la estación intermodal de La Pasiega, que el Gobierno de España se comprometió a ejecutar y de la que, a día de hoy, «ni siquiera se nos ha facilitado el estudio de viabilidad que tienen ya desde octubre». «Necesitamos compromisos económicos que se proyecten en los presupuestos generales –del Estado- de 2024. Necesitamos inversiones reales que permitan cumplir con plazos concretos marcados en rojo en el calendario», ha reivindicado la presidenta cántabra.
Nueve infraestructuras «fundamentales»
La presidenta Buruaga ha resumido en nueve actuaciones «fundamentales» las reivindicaciones que debe garantizar el Gobierno de España para «romper» el aislamiento de Cantabria en materia de infraestructuras.
En primer lugar, el AVE Madrid-Alar del Rey, que llegue hasta Reinosa, para lo que el Gobierno de Cantabria pide se agilicen las obras de los tres tramos que unen Palencia y Osorno, 44 kilómetros con una inversión de 184 millones, un presupuesto que «debe adecuarse al ritmo de la obra y no al revés». También ha reclamado que se pongan en marcha de forma inmediata las obras en los tramos Osorno-Calahorra y Calahorra de Boedo y Alar del Rey, los casi 35 kilómetros que llevan adjudicados desde el 3 de abril y 31 de mayo, respectivamente, por 222,8 millones que –ha exigido la presidenta- deben empezar «de forma inmediata».
Igualmente, Cantabria va a pedir una partida para licitar en 2024 los tramos que discurren por Cantabria. A este respecto, ha apuntado que el estudio informativo entre Nogales (Alar del Rey) y Reinosa fue aprobado en abril de 2023 y, a día de hoy, «no hay ni proyecto técnico ni licitación a la vista» para una obra de 800 millones. «Somos la única comunidad autónoma sin un solo kilómetro de obras» de AVE. El Gobierno de Sánchez nos ha convertido en una isla», ha lamentado.
Además, Cantabria va a reclamar que se adapte el presupuesto al ritmo real de ejecución de obra. En este sentido, ha apuntado que, si bien es cierto que se han consignado 80 millones cada año en los dos presupuestos anteriores, lo que, teniendo en cuenta que el coste total del proyecto asciende a alrededor de 1.600 millones, significa un ritmo de ejecución de un 5 por ciento anual, es decir, la conclusión de la obra en el año 2042 o, lo que es lo mismo, «una tomadura de pelo absolutamente inadmisible». La presidenta ha explicado que Cantabria exigirá que se inicie en 2024 la tramitación del tren de altas prestaciones con Bilbao, un proyecto del que «no sabemos nada desde hace 20 meses, cuando nos presentaron distintas alternativas de trazado», un proyecto «perdido en estudios» y donde no se ha realizado ningún trámite.
Además, ha insistido en la necesidad de la inclusión de Cantabria en el Corredor Atlántico Ferroviario, por lo que ha apuntado que va a «exigir a Sánchez que aproveche los últimos coletazos de la Presidencia española de la UE para apostar por el tren Santander- Bilbao y su conexión con el Corredor».
La presidenta ha reclamado la «vital» modernización de la red de cercanías, por lo que exigirá al Gobierno de España que invierta en Cantabria «hasta el último euro» de los 1.250 millones de euros que «se comprometió» a invertir tras el «escándalo de los trenes que no caben por los túneles» para la construcción de 21 trenes nuevos, junto a la renovación de vías y de catenaria, la duplicación de tramos y la gratuidad de los billetes hasta 2026. La quinta reivindicación citada por Buruaga es «resucitar» el proyecto del tercer carril de la A-8 entre Laredo y el límite con Vizcaya, «bloqueado desde 2018»; la sexta, que se acelere la ejecución de la A-73 Burgos-Aguilar de Campoo, puesto que de los 71 kilómetros solo hay 22 kilómetros en servicio, y, en séptimo lugar, la agilización de los plazos de ejecución y consignar la partida presupuestaria necesaria para impulsar el tercer carril de la A-67 entre Polanco y Santa Cruz Bezana. Las reivindicaciones en materia de carreteras se completan, según ha enumerado Buruaga, con el impulso y garantía de «buen ritmo» de los trabajos de reforma integral del Desfiladero de La Hermida, así como con la recuperación de los proyectos de Los Tornos, Lanestosa y la variante de Potes, «paralizados desde 2018», para que se ajusten, se adjudiquen y se liciten.
Más apoyo a inversiones estratégicas para la región
En cuanto a las inversiones estratégicas de Cantabria, ha solicitado apoyo económico del Estado para la estación intermodal de La Pasiega, sobre las que, tal y como ha señalado Buruaga han de «despejarse las dudas» sobre su construcción y continuidad de su financiación; para el MUPAC (11 millones), y para el centro asociado Reina Sofía-Archivo Lafuente (un tercio de la inversión total), además de para el proyecto del Parque Científico y Tecnológico de la Salud en los terrenos de la antigua Residencia Cantabria para lo que –ha dicho Buruaga- el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no ha de «poner trabas».
Buruaga también ha solicitado un cambio en la política energética de España para que «respalde de verdad» a la industria y, especialmente, a la electro-intensiva, y que se apliquen medidas que ya se han puesto en marcha en países del entorno, como Alemania o Francia, con exenciones y compensaciones al máximo permitido. Sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) para controlar su población y proteger a la ganadería extensiva; desbloquear la renovación de las concesiones administrativas en Dominio Público Marítimo Terrestre para dar soluciones a los afectados por la Ley de Costas, y traspasar a Cantabria la gestión de las cuencas de los ríos intracomunitarios son otras de las reivindicaciones que la presidenta Buruaga quiere hacer llegar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con el apoyo del Parlamento de Cantabria.
En lo que respecta al impulso del autogobierno, Buruaga ha demandado la asunción de la competencia integral sobre la ordenación y concesión de los recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas interiores. Además, ha señalado que el Gobierno de Cantabria «no descarta» asumir más competencias como la sanidad penitenciaria o la gestión del Ingreso Mínimo Vital y, en definitiva, «no renuncia a ninguna posibilidad que nos brinda el Estatuto de Autonomía para mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos».
En este sentido, ha demandado la dotación financiera necesaria y suficiente para garantizar servicios públicos de calidad y, especialmente, impedir «las desigualdades financieras entre regiones y ciudadanos».
Así, ha exigido la firma urgente del convenio con el Estado para que el Gobierno de España abone a Cantabria los 55 millones «que se nos adeuda», al tiempo que ha solicitado la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que el modelo de financiación de las comunidades autónomas se siga basando en «dos principios fundamentales»: el coste efectivo de los servicios y ‘status quo’, «para que Cantabria no pierda ni un solo euro de lo que ahora recibe».
«Los cántabros no somos españoles de segunda», y, por ello, la presidenta de Cantabria ha insistido en «rechazar privilegios a otros territorios a costa del bienestar de los cántabros». Buruaga ha señalado que las desigualdades financieras pueden «poner en riesgo nuestra autonomía, a la que no vamos a renunciar en ningún caso». «Exigimos multilateralidad, no singularidad, no acuerdos bilaterales, no pactos secretos a dos, detrayendo recursos a los demás para dárselos a los de siempre», ha subrayado la presidenta.
En palabras de la presidenta, esta agenda de reivindicaciones de Cantabria, que espera sea respaldada por las fuerzas políticas para que sea «más fuerte y contundente«, «no es ideológica, ni frentista», sino todo lo contrario, «es amplia, constructiva y de unidad». Es «una agenda para Cantabria, para todos los cántabros, con independencia de lo que piensen, donde viven o lo que voten», ha concluido Buruaga.