El Comité de Huelga del Personal de Justicia ha convocado nuevas manifestaciones en Madrid con trabajadores y trabajadoras de toda España para los días 27 de junio y 13 de julio y más movilizaciones en todas las capitales de provincia el 29 de junio.
El personal de Cantabria, donde trabajan alrededor de 750 personas, se han vuelto a concentrar este lunes, a las 11.00 horas, en las puertas de los juzgados de Salesas, en la calle Simancas de Santander.
La primera de las manifestaciones convocadas en Madrid transcurrirá desde el Ministerio de Justicia hasta el Ministerio de Hacienda y la segunda finalizará en el Palacio de la Moncloa.
Junto a estas convocatorias de movilizaciones, los sindicatos del comité de huelga han contactado con todos los partidos políticos para que asuman en la campaña electoral las reivindicaciones que han provocado las huelgas que se está llevando a cabo desde el 17 de abril a la vez que se solicitarán entrevistas con los candidatos y las candidatas del PSOE en las listas provinciales de las elecciones generales para solicitarles que exijan a Pedro Sánchez que su gobierno se siente a negociar una solución a este conflicto.
CCOO, UGT, CSIF y STAJ han anunciado también que en los juzgados y tribunales se exigirá la presencia del juez o de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en aquellas actuaciones procesales en las que la Ley determina que han de realizarse ante ellos, dejándose de practicar estas actuaciones por el resto de personal funcionario, el convocado a la huelga, hasta que dichas funciones no les sean reconocidas profesional y retributivamente como se reclama en este conflicto.
Todas estas medidas de presión vienen motivadas por la reiterada negativa del Ministerio de Justicia a negociar un trato a las condiciones de trabajo de la totalidad del personal empleado público de esta administración igualitario y no discriminatorio respecto al que se ha dispensado a los colectivos de las carreras judicial y fiscal y del cuerpo de Letrados. Exigimos la eliminación del clasismo que impera en la política del personal del Ministerio de Justicia y el reconocimiento de nuestros derechos profesionales y retributivos.