La promulgación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno, y la creación en 2005 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) con el objetivo de perseguir casos de corrupción y blanqueo de dinero, de poco han servido, a la luz de los últimos acontecimientos, como remedio contra la epidemia delictiva en la gestión pública de Cantabria y el protagonismo de Rucecan, La Encina, Cannor y APi como empresas presuntamente implicadas en el caso de corrupción protagonizado por un funcionario del servicio de carreteras de los procesos en los que éste participó.
Lo lamentable en todo este proceso de corrupción y despilfarro del dinero público está relacionado, como en muchos otros procesos similares que permanecen ocultos a los elementales procedimienos de control y seguimiento en la adjudicación y conclusión de obras o inversiones realizadas, con un sistema de contrataciones públicas contaminado por el clientelismo y el tráfico de influencias cada vez más ajeno a la calidad de los resultados finales en la ejecución de las obras y con los exagerados márgenes de beneficios de las empresas –y de los funcionarios cómplices– protagonistas de las autorizaciones y ejecuciones de los proyectos.
Es urgente y necesario, por tanto, una reforma en profundidad de los sistemas de subastas y concursos de adjudicación de la obra pública que incorpore como medidas preventivas la información exhaustiva sobre las condiciones y requisitos con la obligada digitalización y difusión de las normas establecidas al alcance del público y organizaciones en general para que puedan presentar alegaciones, sugerencias, modificaciones o denuncias sobre los modelos o procedimientos oficiales en el desarrollo de las distintas iniciativas, concesiones o ejecuciones de las obras contratadas.
Paralelamente la Administración Pública –Los Ministerios, las Consejerías, los Ayuntamientos, las Juntas Vecinales…– deberían comprometerse a hacer públicas las contabilidades oficiales de ingresos y gastos, deudas, plantillas, salarios, gestión financiera y presupuestaria…., con períodos de apertura e información públicos mediante páginas webb y folletos o ediciones impresas de transaciones o movimientos de las cuentas municipales con plazos establecidos para presentar sugerencias o alternativas a partidas o destinos de las inversiones. Todo ello acompañado de procesos de participación ciudadana con los que matizar con la mayor precisión y rigor los destinos de los recursos disponibles y poder intervenir en la elaboración de los presupuestos de los propios Ayuntamientos y entidades afines de manera que con esta serie de contrapesos y seguimientos se podrían evitar las posibles y tentadoras corruptelas y desviaciones en la asignación y la rentabilidad de los recursos disponibles.
Por todo eso la generalización de la corrupción y fraudes financieros que se vienen produciendo en Cantabria – y que encontamos, también, en el resto de las Administraciones püblicas de España como ocurre con el caso Mediador en Las Canarias, el de Puerto Lumbreras en Murcia, o el de la alcaldesa de Marbella por citar solo los más llamativos y recientes– deberían servir de advertencia para introducir en todas las instituciones, operaciones y consignaciones presupuestarias de unos sistemas de contabilidad accesibles para todo el mundo, incluyendo las claves y facilidades digitales pormenorizadas en forma de archivos PDF, páginas webb o enlaces, claramente traducibles a los lenguajes habituales para permitir los análisis comparativos, los autores o protagonistas de las autorizaciones o transferencias de los fondos económicos –sin que sirva de excusa para ocultarlos la Ley de Protección de Datos como se ha hecho con algunas investigaciones– y la posibilidad de entablar recursos con la simplificación burocrática y la rapidez en su tramitación y resolución.
Estos vertidos informativos deberían, también, incluir las instancias, personas físicas o jurídicas, y los organismos con competencia directa en la resolución de los temas planteados precisando los salarios, dietas o comisiones de los responsables. Todo ello sin perjuicio del seguimiento preciso del tráfico del dinero previsto para su inversión y del patrimonio de los funcionarios encargados de los asuntos tratados que podría ayudar a evitar la presencia de esas cuentas millonarias de los miembros filantrópicos de la Consejería de Obras Públicas y de las empresas beneficiadas en lugares como Luxemburgo, Suiza, Buenos Aires o Río de Janeiro. pendientes de concluir las investigaciones en Ciudad del Cabo, Singapur, Manila, Tokio y Sidney
Autor: Emilio Carrera / Imagen: Óscar Boo, Colaborador gráfico.