La presentación de los Presupuestos para el año 2023 denotan el fracaso de la gestión de la Función Pública, sin cumplir objetivos presupuestarios, sin reducir la temporalidad del empleo público, nula capacidad de interlocución con los agentes sociales. La evaluación que hacemos desde Trabajadores Unidos de lo acontecido en esta legislatura en materia de función pública y personal es francamente deficiente.
Podemos decir que han sido TRES las cuestiones fundamentales por la que Función Pública ha naufragado:
1.- Los objetivos incluidos por Función Pública en la Ley de Presupuestos, año tras año, y este 2023 también, no van a ser llevados a cabo. El proyecto de Presupuestos de Cantabria para el año 2023, los últimos de esta legislatura, no se van a cumplir porque contienen unos objetivos de Función Pública, que son un copia y pega de los presupuestos de ejercicios anteriores, y que NUNCA se han cumplido.
2.- Valoramos de manera muy negativa la aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre que regula el descenso de la temporalidad del empleo público. Transcurrido casi un año, no hay nada concreto que suponga la ejecución de esta Ley. Lo único que tenemos es la judicialización de todos los procesos de regulación del personal interino y temporal, que han sido recurridos por este Sindicato ante los flagrantes incumplimientos de la legalidad vigente.
3.- La interlocución con los agentes sociales supone infinidad de preguntas que los empleados públicos y la sociedad en general quiere saber y que no se obtiene respuesta en el día a día.
CADA CUESTIÓN:
Este incumplimiento manifiesto en los objetivos incluidos por Función Pública en la Ley de Presupuestos, y que se comete año tras año, se agrava cuando el proyecto de Presupuestos de Cantabria para el año 2023, es el último de esta legislatura, y los objetivos que Función Pública manifiesta que va a llevar a cabo, son un copia y pega de los presupuestos de ejercicios anteriores, y que NUNCA se han cumplido.Suponen un descrédito de Función Pública y de la Consejería de Presidencia, que año tras año se impute un fondo específico, que para el año 2023, asciende a 1.800.000 euros, y que no tiene ni un objetivo cumplido: ni se han revisado las fichas de la relación de los puestos de trabajo, el plan de igualdad, la carrera profesional, y la prometida reforma de la Ley 4/1993 de Función Pública, prometida por el anterior Consejero de Presidencia y que no ha llegado a plasmarse a la realidad. (se adjunta una tabla de objetivos incumplidos y la realidad de cada cuestión).
La Dirección General de Función Pública dispone de una infraestructura amplia de medios y recursos para avanzar en todos estos objetivos:
Supuestamente la Dirección de Función Pública, aplica su presupuesto a esos objetivos descritos.
La realidad es que no se han aplicado:
NO se ha reducido la temporalidad en el empleo público, es más, este Sindicato ha llevado y está llevando a los TRIBUNALES a esta Consejería precisamente por INCUMPLIR LA LEY VIGENTE LEY 20/2021, sobre reducción de la temporalidad en el empleo público.
Los procesos de sustituciones y provisión de puestos de trabajo no se están haciendo a tiempo, lo cual está llevando a un deterioro de los servicios públicos, a la entrada por la puerta de atrás de empresas privadas que ejecutan trabajos que corresponden a los empleados públicos, en un descarado PROCESO DE EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS.
Las aplicaciones informáticas que iban a permitir abrir las listas de sustituciones con BOLSAS ABIERTAS Y PERMANENTES para estas sustituciones sigue durmiendo el sueño de los justos a pesar de haber sido prometidas en el año 2019.
La supuesta revisión global de las FICHAS DE PUESTOS DE TRABAJO DE TODOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO SIGUE EN EL CAJÓN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, cuando hay fichas que recogen tareas de los empleados públicos que han sido descritas en los años 80, y están más que desfasadas. No hay modernización ni las nuevas funcionalidades que afirman en el Proyecto de Presupuestos.
LA CARRERA PROFESIONAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS NO EXISTE COMO TAL: no hay fichas actualizadas, la promoción interna no se aborda, los concursos de méritos han tardado en resolverse tres años, frustrando las expectativas legítimas que tenemos los empleados públicos de desarrollar nuestra carrera profesional y a la larga una mayor productividad de nuestro sector público.
En materia de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NO EXISTEN PARTIDAS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS, por lo que hablar de la prevención como objetivo de la DGFP supone faltar a la verdad y desatender una obligación que, como empresa, tiene el Gobierno de Cantabria.
La gestión de LA ACCIÓN SOCIAL, deben saber que esta partida, que suponían ayudas a los empleados públicos del Gobierno y quedó SUPRIMIDA DESDE EL AÑO 2008, pero siguen incluyendo este ficticio objetivo, después de 15 años de su abolición.
Y, por último, el PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y MUJER SIGUE SIN EXISTIR, a pesar de ser un compromiso de la Consejería hace años.
Por lo tanto, nos hacemos las siguientes preguntas:
En la medida que estos objetivos no se cumplen,
¿Qué pasa con los créditos presupuestarios?,
¿se pierde este dinero?,
¿Cómo se está gestionando estos presupuestos?, ¿se esta aplicado a alguna partida presupuestaria finalista que harían perder esta cantidad de dinero para los empleados públicos?
¿En qué se está empleando el presupuesto, que además se va a tener a que justificar su uso a la Unión Europea, pues parte del Presupuesto se financia con fondos europeos?.
¿Qué ha pasado con estos fondos presupuestarios que durante esta legislatura 2019/2023?, pues en ningún momento se han llevado a cabo y nos tememos desde Trabajadores Unidos que ese dinero para la mejora de la carrera profesional y de la organización de los recursos humanos de la Administración se pierda definitivamente.
TRABAJADORES UNIDOS ENTIENDE QUE ESTA PARTIDA PRESUPUESTARIA SE VA A INCLUIR DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE LOS FONDOS EUROPEOS “NEXTGENERATION” QUE CANTABRIA DEBERÁ JUSTIFICAR SU CUMPLIMIENTO A LA UNIÓN EUROPEA.
El incumplimiento de la aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre que regula el descenso de la temporalidad del empleo público, supone que, transcurrido casi un año, no hay nada concreto que suponga la ejecución de esta Ley.Lo único que tenemos es la judicialización de todos los procesos de regulación del personal interino y temporal, que han sido recurridos por este Sindicato ante los flagrantes incumplimientos de la legalidad vigente. Existen 40 recursos ya interpuestos ante Decretos que regulan los concursos de méritos extraordinarios y que la Ley 20/2021 ordenaba, y ante los cuales Función Pública ha hecho de su capa un sayo.
La Ley 20/2021, entre otros fines, dispone que la reducción de la temporalidad del empleo público debe llegar a un 8% en todas las Administraciones Públicas, por eso nos sorprende la confesión de parte de la propia Consejera de Presidencia, Paula Fernández, que reconoce en rueda de prensa la pasada semana, que la temporalidad se ha reducido hasta el 18%, A MUCHA DISTANCIA de lo que marca la ley. Un gran fiasco de esta legislatura, y asignatura que Función Pública no sabido llevar adelante.
3.- La interlocución con los agentes sociales suponen infinidad de preguntas que los empleados públicos y la sociedad en general quiere saber y que no se obtiene respuesta en el día a día. Después de la última reunión con la Administración, el lunes 31 de octubre sobre convocatorias para categorías profesionales y cuerpos de funcionarios, este es el resumen sobre nuestras preguntas y las respuestas que nos han dado desde la Directora General de Función Pública:
¿En qué fecha se piensan realizar más o menos las pruebas selectivas de la OPE de Estabilización?
Ni idea
¿Para cuándo se espera que esté resuelto el concurso extraordinario de méritos cuyo plazo finalizó el 10 de octubre pasado?
Ni idea
¿Para cuándo están previstas las promociones internas de los empleados públicos?
Ni idea, no nos hemos sentado aún con ello.
¿Y para cuándo estarán los temarios de las oposiciones?
Ni idea. Hay que actualizarlos, ya veremos, no sean impacientes, ¿nos dirán algo en alguna academia?…
¿Para cuándo se constituye y reúne la comisión de seguimiento de las comisiones de servicio y así abordar las discriminaciones que se están produciendo?
Ni idea, próximamente.
¿Qué pasa con los convenios para poder intercambiar el personal laboral con las Comunidades de Castilla la Mancha y Asturias?
Ni idea
¿Qué pasa con las bolsas abiertas y permanentes?
Ni idea, depende del departamento de informática.
¿Para cuándo se va a dar solución a la privatización cada vez mayor de empresas externas en las categorías y cuerpos de empleados públicos?
Ni idea
Para Concluir:
Nadie entiende que el Partido Regionalista de Cantabria, partido que conforma el Gobierno, tenga esta representación en la Dirección General de Función Pública. Cómo puede actuar así un partido político que, en otras áreas del Gobierno, integradas por el mismo partido político, se puede decir que sí se han hecho los deberes.