El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander ha afirmado que la alcaldesa, Gema Igual (PP), condena el edificio de La Horadada a ser un “monumento al abandono” por su “actitud caprichosa”. “Es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer; ni permite el derribo del edificio por Costas ni acepta la cesión definitiva del edificio al municipio”, ha denunciado en un comunicado el portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández.
De esta manera, ha desvelado que la Junta de Gobierno Local ha acordado presentar un recurso contencioso-administrativo contra la concesión al Ayuntamiento dictada por la Dirección General de la Costa y el Mar el pasado 1 de julio, dada la imposibilidad de acometer el derribo porque el Ayuntamiento no levanta su protección ni lo declara en ruina. El portavoz municipal, Daniel Fernández, ha calificado como “lamentable” que el Consistorio recurra ante el Tribunal Contencioso Administrativo la concesión de ocupación de la Horadada para que pueda destinarse a uso hostelero o deportivo, “sin importarle las costas procesales que con máxima seguridad tendremos que afrontar los santanderinos”.
Según Fernández, judicializando el asunto y rechazando la concesión por 15 años prorrogables a 30, el PP pretende “perpetuar el monumento al abandono que es la Horadada y abrir un nuevo enfrentamiento judicial entre administraciones perjudicial para los intereses de los santanderinos y santanderinas”.
El portavoz del PSOE ha criticado que esta situación “absurda” provocada por la “inacción” del Ayuntamiento hace que los santanderinos y todos los visitantes que paseen por las playas de Peligros-La Magdalena “estamos condenados a soportar la imagen del deterioro, de la dejadez, del abandono y de la ruina urbanística en uno de los enclaves más bellos de nuestra ciudad”.
El Ayuntamiento paralizó el derribo
Tal y como ha explicado, el Ayuntamiento paralizó el derribo de La Horadada al estar inventariado dentro del Plan Especial de El Sardinero y ser un Bien de Interés Cultural (BIC), “figuras de protección que ni el Consistorio ni el Gobierno de Cantabria habían comunicado jamás a la Demarcación de Costas”.
Así, la administración central no pudo proceder a su demolición “por interés general”, ya que previamente habría sido necesario iniciar un expediente de ruina que depende del Ayuntamiento, y “la única salida legal” es la concesión, algo que podía haber solicitado el Consistorio desde la última modificación de la Ley de Costas en el año 2013.
En la misma línea, ha explicado que, desde entonces, no se comunicó a Costas la especial protección en la que se había envuelto a la Horadada y tampoco se le solicitó la concesión del mismo para su mantenimiento.
Por el contrario, ha acusado a los sucesivos gobiernos municipales del PP de haber “provocado con su actitud” que el edificio se deteriore progresivamente hasta convertirse en un “mamotreto fantasmagórico” en plena playa de la Magdalena. “Una vez más nos encontramos con el desprecio del Partido Popular al patrimonio municipal”, ha reprochado.
“No ha hecho nada desde hace una década para su mantenimiento, no quieren que se les conceda para su explotación y tampoco han dado ningún paso en el proceso que tienen que dar para que Costas pueda actuar en la línea de derribar un edificio por interés general, ya que hoy está abandonado y genera evidente insalubridad en pleno arenal”, ha afeado.
Al respecto, ha añadido que si el Ayuntamiento de Santander “no quiere tener responsabilidad” sobre la Horadada “debería haberlo modificado urbanísticamente y sacarlo del Plan Especial del Sardinero o declararlo en ruina y solicitar al Gobierno de Cantabria que lo descatalogue como Bien de Interés Cultural”.
En este sentido, Fernández ha reiterado que la Ley no deja margen para cumplir la moción pactada entre PP y PRC en el mes de febrero, en la que pedían un “unicornio, un imposible y otra idea feliz”. “Un imposible por imperativo legal”, ha agregado, ya que “el Gobierno central no puede acometer la rehabilitación del edificio”.
El portavoz socialista, como ya apuntó en el Pleno municipal, ha recordado que la Administración central remitió un escrito el 31 de enero de 2022 al Consistorio por estar incluido en el Plan Especial del Sardinero y al Gobierno regional, por ser un BIC, para iniciar un expediente de concesión de la ocupación del inmueble.
Fernández lo advirtió en el Pleno de febrero
“Lo advertimos en el Pleno, que había que contar la verdad a los santanderinos, que es que mantener La Horadada tendría un coste para las arcas municipales, y no provocar nuevos problemas en las playas de la ciudad”, ha recordado Fernández, para quien es “incomprensible” la actitud “irresponsable sin límites” del equipo de Gobierno.
Y ha reiterado que el Ayuntamiento “debería haber modificado el estatus en el que se encuentra el antiguo balneario, levantar la protección y permitir el derribo, pero al no hacerlo ahora debe asumir la concesión”. “Lo que es imposible, porque legalmente no puede efectuarse, es que el Ayuntamiento quiera el edificio rehabilitado, reformado y listo para entrar a gestionar un negocio de hostelería o de actividades náuticas, cuando la Ley de Costas marca que esa facultad es únicamente municipal”, ha sentenciado finalmente.
Imagen del comunicador gráfico, Óscar Boo.