El Banco Santander pierde el primer asalto de su batalla por liberarse de la herencia económica de Banco Popular en el ámbito penal. El juez José Luis Calama ha firmado un auto en el que niega la petición que hizo el banco presidido por Ana Botín hace algunas semanas, aferrándose a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Así, Santander considera que la decisión europea de que Santander no tenga que pagar ninguna demanda de antiguos accionistas y bonistas del Popular, también es aplicable al ámbito penal. El banco cántabro arrancó el caso Popular como imputado al haberse quedado esta entidad en junio de 2017. Santander ya consiguió dejar de ser investigado, pero el juez le dejó como responsable civil subsidiario, es decir como uno de los que tendría que hacerse cargo de las condenas en caso de haber. Lo que la entidad quiere ahora es ser exonerada al 100%.
Para el juez Calama y los fiscales, esta petición es «prematura», ya que todavía no se ha llegado al momento procesal en el que se discutan este tipo de asuntos. «Solo cuando el Instructor determine los hechos investigados que pudieran ser constitutivos de infracción penal podremos valorar si de los mismos se derivan daños o perjuicios susceptibles de reparación o indemnización, así como las personas responsables directa o subsidiariamente”, exponen en Anticorrupción.
Junto a ello, el magistrado considera que la sentencia del TJUE no es aplicable en el ámbito penal, ya que este fue por una cuestión prejudicial que elevó la Audiencia de A Coruña dentro en un procedimiento de naturaleza estrictamente civil y ajeno a la Audiencia Nacional.
Cientos de millones en juego
Esta batalla es clave para Santander y las decenas de acusaciones del caso Banco Popular. En caso de que esta causa acabara en juicio y en condena por estafa en la ampliación de capital de 2017, el banco sería uno de los responsables encargados de asumir la factura judicial, de cientos de millones. Solo en el caso de los bonistas, liderados por Pimco, y el antiguo accionista chileno Luksic, hay en juego casi 1.000 millones.
Si Santander dejara de ser responsable civil y hubiera condena, la recuperación del dinero de las acusaciones dependería de la solvencia del resto de investigados, entre los que están el antiguo consejo del banco en las etapas de Ángel Ron y Emilio Saracho, exdirectivos y la auditora PwC.
La decisión del juez Calama es recurrible, algo que con casi toda seguridad hará Santander. La entidad ya superó una oposición igual del magistrado cuando éste no quiso que el banco dejará de estar imputado en la causa. Finalmente, la Sala dio la razón a Santander.
Según el primer banco español, «la sentencia del TJUE confirma que los remedios ejercitados frente a Banco Santander por anteriores titulares de instrumentos de capital afectados por la resolución de Banco Popular son incompatibles con el Derecho de la Unión que regula la resolución de entidades de crédito», expone el banco en su escrito. «El ordenamiento europeo atribuye a los accionistas y acreedores la asunción de las pérdidas correspondientes sin que subsista responsabilidad alguna, pues debe prevalecer la estabilidad del sistema financiero y la evitación de un riesgo sistémico, que constituyen objetivos de interés general superior perseguidos por la Unión», añade.
Fuente: elconfidencial.com / Imagen de la información: De izda. a dcha. Ángel Ron, Emilio Saracho y Pedro Larena, exdirectivos del Popular (Europa Press).