La propuesta del Gobierno para ayudar a PYMES y Autónomos es crear una lista negra de empresas morosas. ¿Quiénes estarían en dicha lista? Pues aquellas que registren 600.000 euros en facturas impagadas fuera del plazo legal
Las pymes y los autónomos llevan años pidiendo que se cree un reglamento que penalice a las empresas que pagan tarde. La ley de morosidad es papel mojado si no hay sanciones que se puedan imponer. Pero parece que algo por fin se está cociendo porque pagar tarde ya no le saldrá gratis a las empresas, se preparan cambios legislativos para penalizar a los morosos.
Porque además resulta que muchas empresas han decidido hacerlo por norma, porque alguien cree que invertir a corto plazo el dinero con el que se abonan las facturas para otras empresas y profesionales que han prestado servicios o les facilitan productos que necesitan es más rentable que pagarles en los plazos legalmente establecidos.
Más beneficio a su cuenta de resultados. Al fin y al cabo, si la pyme o el autónomo no traga, seguro que hay otro al que no le importa cobrar unos días más tarde.
Penalizaciones para empresas morosas
La propuesta del Gobierno es crear una lista negra de empresas morosas. ¿Quiénes estarían en dicha lista? Pues aquellas que registren 600.000 euros en facturas impagadas fuera del plazo legal o que durante el ejercicio anterior sus pagos a proveedores fuera de plazo superen el 10% del total. La medida saldría dentro del proyecto de Ley de creación y crecimiento empresarial.
¿Cómo se sancionaría? Penalizando a aquellas que contraten con la administración pública hasta en un 50% de sus contratos. Y esto tiene un problema, que no afecta a aquellas empresas que no contratan con la administración.
A esto se suma la creación del Observatorio Estatal de la Morosidad, encargado de señalar a aquellas empresas que están pagando más tarde de lo debido. Los autónomos quedarían fuera de esta lista por una cuestión de protección de datos, ya que se trata de personas físicas cuyos datos personales están protegidos, no así los de las empresas.
También se quiere impedir que una empresa pueda obligar a otra a utilizar una plataforma de facturación electrónica para la remisión de las facturas pendientes. Y esto a pesar de que la propia administración obliga a las empresas a remitir sus facturas a través de Facturae.
Fuente: pymesyautonomos.com